e-issn 2227-6513 santiago, 167, 2026
Artículo de Investigación
Análisis de inseguridad alimentaria en José Luis Tamayo, Salinas, Santa Elena, Ecuador
Analysis of food insecurity in José Luis Tamayo, Salinas, Santa Elena, Ecuador
Análise da insegurança alimentar em José Luis Tamayo, Salinas, Santa Elena, Equador
Diana Elizabeth Del Pezo Rodríguez, https://orcid.org/0000-0003-0508-586X
Universidad Estatal Península De Santa Elena. Santa Elena, Ecuador
*Autor para correspondencia: dianadelpezor@gmail.com
RESUMEN
La inseguridad alimentaria constituye una problemática mundial, definida como la limitación en el acceso a los alimentos que afecta directamente la salud de las personas. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la inseguridad alimentaria y determinar sus niveles en los hogares de la parroquia José Luis Tamayo, del cantón Salinas. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental. Se aplicó un muestreo probabilístico mediante la fórmula estadística estándar para poblaciones finitas, obteniéndose una muestra de 162 personas. Los instrumentos de recolección de información incluyeron entrevistas, observación, encuesta sociodemográfica y la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los resultados evidenciaron que únicamente el 4,94% de los hogares presenta seguridad alimentaria, mientras que el 95,06% enfrenta algún nivel de inseguridad alimentaria. De este grupo, el 30,86% se encuentra en inseguridad alimentaria leve, el 51,23% en inseguridad alimentaria moderada y el 12,96% en inseguridad alimentaria severa. Asimismo, se identificaron factores asociados como el ingreso familiar mensual, el estado civil, la situación laboral y las condiciones de saneamiento de la vivienda. En conclusión, la mayoría de los hogares de la parroquia José Luis Tamayo del cantón Salinas experimenta inseguridad alimentaria en distintos niveles, lo que refleja la necesidad de implementar políticas públicas y programas sociales orientados a mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos en la comunidad.
Palabras clave: Inseguridad alimentaria, hogares, ingresos, pobreza.
Abstract
Food insecurity is a global issue, defined as the limitation in access to food that directly affects people’s health. The present study aimed to analyze food insecurity and determine its levels in households of the José Luis Tamayo parish, in the Salinas canton. The research was conducted under a quantitative approach and a non-experimental design. A probabilistic sampling method was applied using the standard statistical formula for finite populations, resulting in a sample of 162 individuals. Data collection instruments included interviews, observation, a sociodemographic survey, and the Latin American and Caribbean Food Security Scale (ELCSA). The results showed that only 4.94% of households had food security, while 95.06% experienced some level of food insecurity. Of this group, 30.86% were classified as having mild food insecurity, 51.23% moderate food insecurity, and 12.96% severe food insecurity. Associated factors included monthly household income, marital status, employment, and sanitation conditions of the dwelling. In conclusion, most households in the José Luis Tamayo parish of the Salinas canton experience food insecurity at different levels, highlighting the need for public policies and social programs aimed at improving access to and availability of food in the community.Keywords: Food insecurity, households, income, poverty.
Resumo
A insegurança alimentar é um problema global, definida como a limitação do acesso a alimentos que impacta negativamente a saúde das pessoas. Este estudo teve como objetivo analisar a insegurança alimentar e determinar seus níveis em domicílios na paróquia de José Luis Tamayo, no cantão de Salinas. A pesquisa empregou um delineamento quantitativo, não experimental. Foi utilizada amostragem probabilística com fórmula estatística padrão para populações finitas. A amostra foi composta por 162 pessoas. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas sociodemográficas e perguntas relacionadas à ELCSA (Pesquisa de Segurança Alimentar na Primeira Infância). O percentual de segurança alimentar foi de 4,94%, enquanto 95,06% vivenciaram insegurança alimentar em diferentes níveis. Especificamente, 30,86% vivenciaram insegurança alimentar leve, 51,23% insegurança alimentar moderada e 12,96% insegurança alimentar grave. Os fatores associados à insegurança alimentar incluíram renda familiar mensal, estado civil, situação profissional e disponibilidade de instalações sanitárias no domicílio. O estudo constatou a existência de insegurança alimentar nos domicílios de José Luis Tamayo.
Palavras-chave: Insegurança alimentar, famílias, renda, pobreza.
Recibido: 19/1/2025 Aprobado: 15/2/2026
Introducción
La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso seguro y permanente a alimentos saludables, afectando la ingesta de una dieta variada y repercutiendo en la salud y bienestar de las personas (Programa Mundial de Alimentos [WFP] y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2010). Este fenómeno se vincula a recursos limitados, ya sean físicos o económicos, y constituye una problemática mundial que compromete los derechos humanos y la salud pública.
La WFP (2024) advirtió que para el año 2026 la inseguridad alimentaria mantendrá cifras alarmantes, con 318 millones de personas en hambre aguda a nivel global. En América Latina y el Caribe, alrededor de 40,8 millones de personas padecen hambre, mientras que el 74% de los países de la región enfrentan una alta exposición a eventos climáticos extremos que afectan la productividad agrícola y el suministro de alimentos.
En Ecuador, el 43,2% de la población rural vive bajo la línea de pobreza, situación agravada por migración, crisis sociales, climáticas y de seguridad, lo que convierte a la inseguridad alimentaria en una de las principales problemáticas nacionales (WFP, 2023). La crisis alimentaria se relaciona con pérdida de empleo, violencia, encarecimiento de la canasta básica y debilitamiento de los medios de vida, especialmente en zonas rurales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC] (2024) reportó que para 2025 la pobreza por ingresos se redujo al 21,4%, y la pobreza extrema al 8,3%; sin embargo, en Santa Elena la pobreza extrema alcanzó el 19,7%, cifra alarmante.
Diversos estudios refuerzan la gravedad del problema. Calero (2024) la asocia con desempleo y subempleo, mientras que la ONU (2020), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plantea el Hambre Cero como meta para 2030. La FAO (2001) y WFP (2011) subrayan que el problema principal no suele ser la falta de alimentos físicos, sino la ausencia de ingresos suficientes para acceder a una dieta nutritiva. Desde otra perspectiva, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras entidades (ACNUR et al., 2025) señalan que los conflictos, choques económicos y fenómenos climáticos extremos son causas principales de la inseguridad alimentaria aguda y la malnutrición, especialmente en niños.
La literatura reciente también vincula la inseguridad alimentaria con múltiples dimensiones sociales y de salud: Brunet et al. (2026) destacan su prevalencia en hogares con niños; Martey y Koomson (2025) la relacionan con la pobreza de tiempo inducida por trabajo no remunerado; Aljahdali (2025) la asocia al consumo de alimentos ultraprocesados en adultos mayores; Freije et al. (2025) la vinculan con hábitos poco saludables en estudiantes; y Leblang et al. (2025) revelan mayor vulnerabilidad en adolescentes. Asimismo, Chai (2025) subraya su impacto en la salud mental, mientras que Sklar et al. (2025) la relacionan con estrés y conductas de adquisición de alimentos. Masha et al. (2023) identifican estrategias de afrontamiento como limitar la ingesta, solicitar préstamos o saltarse comidas.
Desde un enfoque teórico, Sen (1981), citado por Nayak (2005), explicó la hambruna como pérdida de titularidades, es decir, de derechos y capacidades para acceder a los alimentos, lo que refleja que el hambre no es una tragedia inevitable de la naturaleza, sino un fracaso de la organización social y política. En el marco legal ecuatoriano, la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) y la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (2010) reconocen la seguridad y soberanía alimentaria como derechos fundamentales.
Para medir la inseguridad alimentaria, la FAO (2012) desarrolló la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), que clasifica los hogares en inseguridad leve, moderada o grave, según la frecuencia de preocupaciones y limitaciones en el acceso a alimentos.
El presente estudio tiene como objetivo analizar la inseguridad alimentaria y determinar sus niveles en los hogares de la parroquia José Luis Tamayo, perteneciente al cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, considerando que esta problemática afecta de manera directa los derechos humanos y constituye un desafío de salud pública, económico y social en el Ecuador, particularmente en los territorios rurales.
Metodología
El presente estudio se desarrolló bajo un diseño cuantitativo, dado que se emplearon datos medibles con el propósito de obtener resultados estadísticos que permitan asociar factores relacionados con la inseguridad alimentaria en la parroquia José Luis Tamayo. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres (2018), la ruta cuantitativa se caracteriza por la recolección de datos susceptibles de medición.
El diseño fue no experimental y transversal, ya que no se manipularon las variables y la investigación se realizó en un único periodo temporal. El alcance fue descriptivo-correlacional, con el objetivo de caracterizar la variable dependiente (inseguridad alimentaria) y determinar el grado de relación con las variables independientes (ingresos, estado civil, trabaja, condiciones de vivienda), sin alterar los resultados.
Contexto y población
El estudio se llevó a cabo en Ecuador, provincia de Santa Elena, cantón Salinas, específicamente en la parroquia José Luis Tamayo, ubicada a 8 km del centro de Salinas, con una extensión territorial de 33,88 km² y más de 30 sectores rurales identificados. Según el INEC (2026), la población total de la parroquia es de 36.668 habitantes.
Muestra
El tamaño de la muestra se determinó mediante muestreo probabilístico con la fórmula estadística estándar para poblaciones finitas (López-Roldán y Fachelli, 2015):
n=N⋅Z2⋅p⋅qE2⋅(N−1)+Z2⋅p⋅q
Donde:
• N=36.668 (población total)
• Z=1.96 (nivel de confianza del 95%)
• p=0.5,q=0.5 (máxima variabilidad)
• E=0.08 (error muestral del 8%)
El cálculo arrojó un tamaño muestral de 162 personas, seleccionadas aleatoriamente entre mayores de 18 años.
Instrumentos
Se aplicó una encuesta estructurada con datos sociodemográficos y económicos, incorporando la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), desarrollada por la FAO (2012). La escala consta de 15 preguntas dicotómicas (Sí/No), divididas en dos apartados:
• Preguntas 1 a 8: dirigidas a adultos del hogar.
• Preguntas 9 a 15: enfocadas en condiciones que afectan directamente a niños y adolescentes.
Procesamiento y análisis
Los datos fueron procesados en IBM SPSS Statistics 25. Se evaluó la fiabilidad y consistencia interna de la ELCSA mediante el coeficiente alfa de Cronbach, cuyos valores oscilan entre 0 y 1, indicando correlación perfecta en el valor máximo (Frost, 2022).
Asimismo, se aplicó regresión logística binaria, técnica de clasificación que permite predecir resultados discretos (seguridad vs. inseguridad alimentaria) a partir de variables independientes como ingresos, estado civil y empleo (IBM, 2025). La fórmula utilizada fue:
In( p/(1 - p) )= β_0+β_1 〖 X〗_1+β_2 〖 X〗_2+ ...+ β_k 〖 X〗_k
Donde:
• p = probabilidad de inseguridad alimentaria
• p1−p = odds
• β = efecto de cada variable independiente
Resultados y discusión
Este estudio tiene como objetivo analizar la inseguridad alimentaria en los hogares de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Para validar la confiabilidad del instrumento aplicado se utilizó el software IBM SPSS Statistics 25, específicamente mediante el cálculo del alfa de Cronbach. Este coeficiente oscila entre 0 y 1: un valor cercano a 0 refleja ausencia de consistencia interna, mientras que un valor próximo a 1 indica una consistencia interna perfecta.
En los resultados obtenidos, el alfa de Cronbach fue de 0,835, lo cual se interpreta como un nivel de confiabilidad alto. Según la literatura metodológica, valores superiores a 0,7 son aceptables, y aquellos mayores a 0,8 evidencian una consistencia interna sólida. Por tanto, el resultado confirma que la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) aplicada en este estudio es un instrumento estadísticamente confiable para medir la inseguridad alimentaria en los hogares de la parroquia (Tabla 1).
Tabla 1 Alfa de Cronbach
|
Estadísticas de fiabilidad |
|
|
Alfa de Cronbach |
N de elementos |
|
0,835 |
15 |
En la (Tabla 2) se muestra la estadística descriptiva de los hogares, donde se evidencia que se realizó la encuesta a 162 hogares, cada hogar estuvo conformado por aproximadamente 4 integrantes, la persona encargada del hogar tiene 38 años, entre ellos destacaron las mujeres con el 58,60% y los hombres con 41,40%. El estado civil del 40,7% son casados y el 3,7% es viudo/a. El 66% estudio la secundaria y el 4,9% curso el tercer nivel, pero quedó inconcluso. En cuanto a transferencias monetarias, el 7,4% recibe el bono 1000 días, mientras el 83,3% no recibe ninguno. Por otro lado, el 59,9% trabaja, el 39,5% por cuenta propia. El 87,7% habita en casas o villas. El 73,5% tiene alcantarillado, mientras el 26,5% tienen pozo séptico. Finalmente, en los promedios de ingresos y gastos familiares fue de 282,14 USD y 256,41 UDS, mientras los gastos en alimentación fueron de 184,29 USD.
Tabla 2 Estadística descriptiva
|
Variables Cuantitativa |
Porcentaje |
Media |
Desviación estándar |
|
Número de integrantes del hogar |
4,1 |
1,56 |
|
|
Edad |
38,52 |
12,61 |
|
|
Ingresos |
282,14 |
180,01 |
|
|
Gastos totales familiar |
256,41 |
162,12 |
|
|
Gastos en alimentación |
184,29 |
87,21 |
|
|
Cuartos exclusivos para dormir |
2,02 |
0,8 |
|
|
Cualitativas |
|||
|
Sexo |
|||
|
Mujer |
58,60 |
||
|
Hombre |
41,40 |
||
|
Idioma |
|||
|
Español |
100,00 |
||
|
Estado civil |
|||
|
Soltero |
11,70 |
||
|
Casado |
40,70 |
||
|
Divorciado |
5,60 |
||
|
Madre soltera |
6,80 |
||
|
Separado |
4,30 |
||
|
Unión libre |
27,20 |
||
|
Viudo |
3,70 |
||
|
Educación |
|||
|
Primaria |
12,3 |
||
|
Secundaria |
66 |
||
|
Tercer nivel |
16 |
||
|
Tercer nivel incompleto |
4,9 |
||
|
Cuarto nivel |
0,6 |
||
|
Transferencias monetarias |
|||
|
Bono de desarrollo humano |
6,8 |
||
|
Bono 1000 días |
7,4 |
||
|
Pensión adulto mayor |
1,9 |
||
|
Pensión persona con discapacidad |
0,6 |
||
|
No recibe bono |
83,3 |
||
|
Trabaja |
|||
|
Si |
59,9 |
||
|
No |
40,1 |
||
|
Sector laboral |
|||
|
Publico |
6,2 |
||
|
Privado |
14,2 |
||
|
Cuenta propia |
39,5 |
||
|
Tipo de vivienda |
|||
|
Casa/villa |
87,7 |
||
|
Departamento |
3,7 |
||
|
Cuarto/ inquilinato |
8,6 |
||
|
Servicio de agua |
|||
|
Agua potable |
100 |
||
|
Servicio higiénico |
|||
|
Alcantarillado |
73,5 |
||
|
Pozo séptico |
26,5 |
||
|
Tiene internet |
|||
|
Si |
92,0 |
||
|
No |
8,0 |
||
Como parte del análisis de la inseguridad alimentaria en los hogares de la parroquia José Luis Tamayo perteneciente al cantón Salinas, categóricamente se obtuvo que el 4,94% presenta seguridad alimentaria, mientras el 95,06% tiene inseguridad alimentaria (Gráfico 1), desglosándose en niveles donde el 30,86% tiene inseguridad alimentaria leve, el 51,23% inseguridad alimentaria moderada y el 12,96% presenta inseguridad alimentaria severa (Gráfico 2).
Existen factores que se asocian a la inseguridad alimentaria, estadísticamente mediante la regresión logística binaria se obtuvo que, el ingreso familiar mensual se identificó como predictor significativo de la inseguridad alimentaria (OR=0,994; IC95%: 0,989–0,998; p=0,003). Esto indica que, a mayor ingreso, menor probabilidad de presentar inseguridad alimentaria. Por su parte el estado civil es un predictor significativo, (OR = 2,346; IC95%: 1,025 – 5,368; p = 0,044) Los hogares en la categoría codificada como 1 es decir los solteros/as tienen 2,3 veces más probabilidad de presentar inseguridad alimentaria respecto a la categoría de referencia. La variable trabaja (OR = 0,018; IC95%: 0,001 – 0,439; p = 0,014) es altamente significativa, es decir que, las personas que trabajan tienen 98% menos probabilidad de inseguridad alimentaria comparadas con quienes no trabajan. Los servicios higiénicos son igualmente significativos por (OR = 0,010; IC95%: 0,000 – 0,279; p = 0,007) donde un mejor tipo de servicio higiénico reduce drásticamente la probabilidad de inseguridad alimentaria (Tabla 3).
Tabla 3. Regresión logística binaria
|
Variable |
B |
OR (Exp(B)) |
IC 95% |
p-valor |
|
Ingreso familiar mensual |
-0,006 |
0,994 |
0,989 – 0,998 |
0,003 |
|
Estado civil |
0,853 |
2,346 |
1,025 – 5,368 |
0,044 |
|
Trabaja |
-4,015 |
0,018 |
0,001 – 0,439 |
0,014 |
|
Servicio higiénico de la vivienda |
-4,562 |
0,01 |
0,000 – 0,279 |
0,007 |
El análisis sociodemográfico y económico de los hogares de la parroquia José Luis Tamayo revela una población con características que reflejan vulnerabilidad estructural. La edad promedio de los jefes de hogar es de 38 años, lo que coincide con lo reportado por Mondal et al. (2025), quienes encontraron que la inseguridad alimentaria se presenta con mayor frecuencia en hogares con edades ≤ 40 años y ≤ 5 integrantes. En este estudio, los hogares tienen en promedio cuatro miembros, lo que sugiere una presión constante sobre los recursos disponibles. Además, se observa un predominio femenino (58,6%), lo que puede asociarse a hogares liderados por mujeres, quienes suelen enfrentar mayores barreras económicas y sociales.
En términos económicos, los ingresos familiares mensuales alcanzan un promedio de 282,14 USD, mientras los gastos ascienden a 256,41 USD, lo que refleja un margen mínimo de ahorro y una alta vulnerabilidad financiera. Este ingreso es un 40% menor al salario básico unificado establecido por el Ministerio de Trabajo para 2026 (482 USD), según Valverde (2025). Esta brecha evidencia que gran parte de la población se encuentra en condiciones de precariedad laboral y económica, lo que repercute directamente en su capacidad de acceder a una alimentación adecuada.
Para medir la inseguridad alimentaria se aplicó la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) (FAO, 2012), instrumento validado en la región. Los resultados son alarmantes: apenas el 4,94% de los hogares reporta seguridad alimentaria, mientras que el 95,06% presenta algún nivel de inseguridad. De manera desagregada, el 30,86% enfrenta inseguridad leve, el 51,23% moderada y el 12,96% severa. Estos hallazgos contrastan con estudios internacionales: Mengistu y Kassie (2022) encontraron una distribución casi equitativa entre seguridad (49,95%) e inseguridad alimentaria (50,05%), mientras que Mondal et al. (2025) reportaron un 28,7% de inseguridad alimentaria en su población. La diferencia muestra que la situación en José Luis Tamayo es mucho más crítica que en otros contextos.
Los factores asociados estadísticamente a la inseguridad alimentaria fueron el ingreso familiar mensual, el estado civil, la condición laboral y el servicio higiénico de la vivienda. El ingreso se confirma como un predictor significativo: a mayor ingreso, menor probabilidad de inseguridad alimentaria. Este hallazgo coincide con Montes y Sánchez (2025), quienes demostraron que el ingreso es un factor clave en la reducción de la inseguridad alimentaria. El estado civil también resultó relevante, mostrando que los hogares encabezados por solteros/as tienen 2,3 veces más probabilidad de inseguridad alimentaria respecto a los casados, lo que refleja la importancia de la estructura familiar en la estabilidad económica y social.
La variable “trabaja” se identificó como altamente significativa: las personas con empleo tienen un 98% menos probabilidad de inseguridad alimentaria en comparación con quienes no trabajan. Este resultado confirma la estrecha relación entre empleo y acceso a alimentos, y refleja la precariedad de los hogares sin ingresos laborales. Asimismo, el servicio higiénico de la vivienda se asoció como factor protector: disponer de alcantarillado reduce drásticamente la probabilidad de inseguridad alimentaria, lo que evidencia cómo las condiciones de infraestructura básica influyen en la salud y bienestar de los hogares.
Otros estudios refuerzan la multidimensionalidad del problema. Atan et al. (2026) señalaron que los hogares con niños o adolescentes con discapacidad enfrentan mayor riesgo de inseguridad alimentaria, lo que amplía la perspectiva hacia grupos vulnerables específicos. Afreen et al. (2025) resaltaron que las personas con epilepsia activa experimentan inseguridad alimentaria junto con aislamiento social y acceso inadecuado a la atención, mostrando cómo la salud y la economía se entrelazan en este fenómeno. Kendrick et al. (2022) demostraron que la falta de alimentación suficiente se relaciona con implicaciones académicas negativas y limitación de recursos, lo que conecta la inseguridad alimentaria con el rendimiento educativo y el futuro de los jóvenes.
Los resultados reflejan que la inseguridad alimentaria en José Luis Tamayo no es solo un problema de acceso a alimentos, sino un fenómeno social complejo que involucra pobreza, precariedad laboral, desigualdad de género, infraestructura deficiente y falta de apoyo estatal. La brecha entre ingresos reales y el salario básico unificado muestra que gran parte de la población vive en condiciones de subsistencia, destinando la mayoría de sus recursos a la alimentación y dejando poco margen para otros gastos esenciales.
La inseguridad alimentaria afecta directamente los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo social. Los hogares en inseguridad moderada y severa enfrentan riesgos de desnutrición, enfermedades y deterioro de la calidad de vida. Además, la alta prevalencia de inseguridad alimentaria limita las oportunidades educativas y laborales, perpetuando el ciclo de pobreza.
En este contexto, los hallazgos del estudio se alinean con la literatura internacional y refuerzan la necesidad de políticas públicas integrales que aborden la inseguridad alimentaria desde múltiples dimensiones: generación de empleo, mejora de ingresos, fortalecimiento de programas sociales, acceso a servicios básicos y apoyo a grupos vulnerables.
CONCLUSIONES
Los resultados del estudio evidencian que la inseguridad alimentaria en la parroquia José Luis Tamayo es un fenómeno crítico y generalizado, alcanzando al 95,05% de los hogares encuestados. Este hallazgo confirma que la problemática responde principalmente a factores económicos y estructurales, más que a características demográficas. El ingreso familiar mensual se identificó como el principal factor protector, mientras que la condición laboral y el acceso a servicios higiénicos adecuados también influyen significativamente en la reducción de la inseguridad alimentaria. En contraste, variables como edad, sexo o tamaño del hogar no mostraron asociación estadística relevante, lo que refuerza la idea de que la inseguridad alimentaria se vincula directamente con la precariedad económica y las limitaciones en infraestructura básica.
En este contexto, la inseguridad alimentaria se presenta como un desafío social y ético que requiere atención urgente. La evidencia señala que garantizar empleo digno, mejorar los ingresos familiares y fortalecer el acceso a servicios básicos son estrategias clave para mitigar sus efectos. Sin embargo, la solución no se limita a medidas económicas, sino que demanda un enfoque integral que incluya educación alimentaria, fortalecimiento de la producción local, políticas públicas sostenibles y participación comunitaria. Solo mediante la colaboración entre gobiernos, organizaciones y comunidades será posible avanzar hacia un acceso equitativo y sostenido a alimentos nutritivos y seguros, promoviendo resiliencia social y bienestar colectivo frente a crisis futuras.
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