e-issn 2227-6513 santiago, 167, 2026
Artículo de Investigación
Impacto de la desigualdad económica en el desarrollo social en Ecuador: un análisis estructural en el contexto latinoamericano
Impact of economic inequality on social development in Ecuador: a structural analysis in the latin american context
Impacto da desigualdade econômica no desenvolvimento social no Equador: uma análise estrutural no contexto latino-americano
Jessica Patricia Cruel Angulo, https://orcid.org/0000-0002-9105-9862
Rosa Clemencia Cruel Angulo, https://orcid.org/0000-0001-8250-7419
Kenner Clevel Altafuya, https://orcid.org/0009-0002-6535-9746
Sonia Alexandra Holguín Mendoza, https://orcid.org/0000-0001-9800-5122
Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas
*Autor para correspondencia: jessica.cruel@utelvt.edu.ec
RESUMEN
La desigualdad económica constituye un problema estructural persistente en América Latina y particularmente en Ecuador, donde las brechas socioeconómicas continúan condicionando el desarrollo social. El presente artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la desigualdad económica en el desarrollo social en Ecuador, enmarcado dentro de las dinámicas regionales latinoamericanas. Se emplea un enfoque cualitativo basado en revisión narrativa de literatura académica e informes institucionales recientes (2015-2025). Los resultados evidencian que la desigualdad afecta de manera directa el acceso a educación, salud y empleo, limitando las oportunidades de movilidad social y profundizando la exclusión en poblaciones vulnerables. Se concluye que la desigualdad en Ecuador no solo es distributiva, sino estructural, lo que requiere políticas públicas integrales orientadas a la equidad y el desarrollo humano sostenible.
Palabras clave: Desigualdad económica; desarrollo social; Ecuador; América Latina; exclusión social.
Abstract
Economic inequality is a persistent structural problem in Latin America, and particularly in Ecuador, where socioeconomic gaps continue to hinder social development. This article aims to analyze the impact of economic inequality on social development in Ecuador, framed within the context of Latin American regional dynamics. A qualitative approach is employed, based on a systematic review of academic literature and recent institutional reports (2015-2025). The results demonstrate that inequality directly affects access to education, health, and employment, limiting opportunities for social mobility and deepening exclusion among vulnerable populations. The article concludes that inequality in Ecuador is not only distributive but also structural, requiring comprehensive public policies focused on equity and sustainable human development.
Keywords: Economic inequality; social development; Ecuador; Latin America; social exclusion.
Resumo
A desigualdade econômica constitui um problema estrutural persistente na América Latina e particularmente no Equador, onde as lacunas socioeconômicas continuam a condicionar o desenvolvimento social. Este artigo tem como objetivo analisar o impacto da desigualdade econômica no desenvolvimento social no Equador, no âmbito das dinâmicas regionais latino-americanas. Adota-se uma abordagem qualitativa baseada em revisão sistemática da literatura acadêmica e de relatórios institucionais recentes (2015-2025). Os resultados evidenciam que a desigualdade afeta diretamente o acesso à educação, saúde e emprego, limitando as oportunidades de mobilidade social e aprofundando a exclusão de populações vulneráveis. Conclui-se que a desigualdade no Equador não é apenas distributiva, mas estrutural, exigindo políticas públicas integrais orientadas para a equidade e o desenvolvimento humano sustentável.
Palavras-chave: Desigualdade econômica; desenvolvimento social; Equador; América Latina; exclusão social.
Recibido: 22/3/2025 Aprobado: 12/4/2026
Introducción
La desigualdad económica en Ecuador ha sido históricamente un factor determinante en la configuración de las dinámicas sociales y del desarrollo humano. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza durante ciertos periodos, las brechas en la distribución del ingreso y el acceso a oportunidades persisten, afectando especialmente a sectores rurales, poblaciones indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad (Banco Mundial, 2021). Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan que, en diciembre de 2024, el coeficiente de Gini —indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso— se ubicó en 0,463, ligeramente superior al 0,457 registrado un año antes, lo que evidencia un incremento en la desigualdad económica en el país (INEC, 2024; La Nación, 2025). De igual forma, el índice de pobreza por ingresos aumentó del 26% en diciembre de 2023 al 28% en diciembre de 2024, alcanzando su nivel más alto desde la pandemia de COVID-19, lo que significó que aproximadamente 5,2 millones de personas vivieran en condiciones de pobreza al cierre de 2024 (INEC, 2024; El Universo, 2025). Estos datos reflejan no solo una problemática distributiva, sino también una dimensión estructural que limita las oportunidades de amplios sectores de la población.
En el contexto latinoamericano, Ecuador comparte características estructurales con otros países de la región, como alta informalidad laboral, desigualdad territorial y limitaciones en el acceso a servicios públicos de calidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022). América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini promedio que supera el 0,45, y Ecuador se ubica dentro de este patrón regional de alta concentración del ingreso (CEPAL, 2022). La persistencia de la desigualdad en la región ha sido objeto de estudio desde diversas perspectivas teóricas. Desde la obra seminal de Piketty (2014), se ha argumentado que la desigualdad tiende a reproducirse cuando el rendimiento del capital supera el crecimiento económico, un fenómeno particularmente observable en economías latinoamericanas con estructuras productivas poco diversificadas y alta dependencia de materias primas. En esa misma línea, Milanović (2016) ha señalado que la desigualdad global ha aumentado en las últimas décadas, impulsada por factores tecnológicos y de concentración de capital, y que América Latina, si bien ha mostrado mejoras en algunos periodos, enfrenta desafíos estructurales que impiden una redistribución sostenida.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, Sen (1999) plantea que la desigualdad limita las capacidades de los individuos para mejorar sus condiciones de vida, ya que el bienestar no puede medirse únicamente por el ingreso, sino por la libertad real que tienen las personas para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones. Sen (1999) sostiene que las desigualdades en educación, salud y participación social constituyen privaciones de capacidades básicas que perpetúan ciclos de pobreza y exclusión. En Ecuador, esta perspectiva cobra particular relevancia, ya que las brechas en el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales no solo reflejan diferencias en el ingreso, sino también restricciones en las libertades fundamentales de vastos sectores de la población.
El objetivo de este estudio es analizar cómo la desigualdad económica impacta el desarrollo social en Ecuador, identificando sus principales mecanismos estructurales y sus implicaciones en el bienestar social. Para ello, se examinan las dimensiones de desigualdad en educación, salud, empleo y territorio, y se discuten las limitaciones de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas. La pregunta que guía esta investigación es: ¿de qué manera la desigualdad económica condiciona el desarrollo social en Ecuador, y cuáles son los principales factores estructurales que perpetúan dicha desigualdad?
Metodología
Se utilizó un enfoque cualitativo basado en revisión narrativa de literatura. Las fuentes consultadas incluyeron Scopus, Web of Science (WoS), SciELO, así como informes del Banco Mundial, la CEPAL, el INEC y otras instituciones nacionales e internacionales. El periodo de búsqueda comprendió de 2015 a 2025. Se aplicó la técnica de análisis de contenido, priorizando la evidencia sobre Ecuador y América Latina. Los criterios de inclusión fueron: (a) estudios publicados en revistas indexadas o informes oficiales de organismos internacionales; (b) investigaciones centradas en Ecuador o que incluyeran a Ecuador dentro de análisis comparativos regionales; (c) trabajos que abordaran explícitamente la relación entre desigualdad económica y desarrollo social; y (d) publicaciones en español, inglés o portugués. Se excluyeron documentos no académicos, opiniones personales y estudios que no presentaran evidencia empírica o datos verificables.
La estrategia de búsqueda incluyó términos como "desigualdad económica Ecuador", "desarrollo social Ecuador", "pobreza Ecuador", "empleo informal Ecuador", "desigualdad educativa Ecuador", "desigualdad en salud Ecuador", "políticas públicas desigualdad Ecuador", y sus equivalentes en inglés y portugués. Se revisaron las listas de referencias de los artículos seleccionados para identificar estudios adicionales relevantes (técnica de bola de nieve). En total, se analizaron 45 fuentes, de las cuales 35 cumplieron con los criterios de inclusión y fueron utilizadas en la elaboración de este artículo.
El análisis de contenido se realizó en tres etapas: (a) codificación abierta, en la que se identificaron las principales categorías temáticas (desigualdad de ingresos, desigualdad educativa, desigualdad en salud, desigualdad laboral, desigualdad territorial, políticas públicas); (b) codificación axial, en la que se establecieron relaciones entre las categorías; y (c) codificación selectiva, en la que se integraron las categorías en un marco interpretativo coherente. Para garantizar la confiabilidad del análisis, dos investigadores realizaron la codificación de manera independiente y se compararon los resultados, resolviendo las discrepancias mediante discusión y consenso.
Resultados y discusión
La literatura reciente ha mostrado que, aunque Ecuador experimentó mejoras en indicadores sociales durante ciertos periodos —especialmente en el auge de los precios de las materias primas entre 2003 y 2014—, la desigualdad continúa siendo un desafío estructural. El Banco Mundial (2021) señala que, si bien la pobreza se redujo en la primera década del siglo XXI, la distribución del ingreso sigue siendo desigual, particularmente en zonas rurales. Jara et al. (2025), al analizar dos décadas de reformas fiscales y programas de transferencias, concluyen que estas políticas lograron mitigar parcialmente la pobreza y la desigualdad, pero su impacto ha sido insuficiente para modificar las estructuras profundas de concentración de la riqueza. La efectividad de las políticas redistributivas depende, además, del contexto macroeconómico y de la capacidad institucional para sostenerlas en el tiempo. En paralelo, la CEPAL (2022) advierte que América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas persistentes en acceso a educación, salud y empleo, y que en el caso ecuatoriano las desigualdades verticales y horizontales se han mantenido elevadas incluso en periodos de crecimiento económico (Sánchez-Castro, 2024).
A nivel nacional, los estudios del INEC (2023, 2024) muestran diferencias significativas entre áreas urbanas y rurales en ingresos, servicios básicos y oportunidades laborales, con poblaciones indígenas particularmente afectadas por mayores niveles de pobreza. La tasa de empleo informal alcanzó el 58% en diciembre de 2024, la más alta desde 2007, lo que refleja la precarización del mercado laboral y la falta de protección social (INEC, 2024; Gestión, 2025). Desde el enfoque de capacidades, Sen (1999) sostiene que la desigualdad limita las libertades reales de las personas, restringiendo educación, salud y participación social. En Ecuador, Guijarro-Garvi et al. (2024) evidencian que la ubicación geográfica sigue siendo determinante en la desigualdad educativa, mientras que Zambrano-Vélez (2023) y el Ministerio de Salud Pública (2023) muestran que las poblaciones pobres y rurales enfrentan barreras significativas en el acceso a servicios de salud, hallazgos que coinciden con la OPS (2024). En síntesis, la desigualdad en Ecuador es estructural y multidimensional, reproduciéndose a través de la concentración de riqueza, la segmentación laboral, las disparidades territoriales y la discriminación étnica y de género. Tal como advierten Piketty (2014) y Milanović (2016), la concentración del capital y de activos productivos refuerza estas brechas, mientras que la desigualdad de oportunidades, vinculada a factores como origen étnico, género o lugar de nacimiento, limita la movilidad social y perpetúa la exclusión.
Desarrollo social
El desarrollo social implica la mejora del bienestar y de las condiciones de vida de la población, incluyendo el acceso a servicios básicos y oportunidades (Sen, 1999). Este enfoque, conocido como desarrollo humano, sostiene que el crecimiento económico es un medio y no un fin en sí mismo, y que el verdadero desarrollo consiste en la expansión de las capacidades humanas: la libertad de las personas para vivir vidas que valoran y tienen razones para valorar.
Sen (1999) identifica cinco tipos de libertades instrumentales centrales para el desarrollo: libertades políticas, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora. La desigualdad económica afecta directamente estas libertades, ya que restringe las oportunidades sociales y las facilidades económicas de quienes se encuentran en los estratos más bajos de la distribución del ingreso, limitando así su capacidad de agencia y participación plena en la sociedad.
En el contexto latinoamericano, la CEPAL (2022) enfatiza que el desarrollo social no puede lograrse sin una reducción significativa de la desigualdad, y que las políticas redistributivas deben complementarse con inversiones en capital humano y protección social universal. En Ecuador, aunque se han registrado avances en indicadores como la reducción de la mortalidad infantil y el aumento de la esperanza de vida, persisten desafíos en la calidad educativa, el acceso a servicios de salud y la formalización del empleo (INEC, 2024).
La evidencia muestra que la desigualdad limita el desarrollo social al restringir el acceso a recursos esenciales y perpetuar ciclos de pobreza, especialmente en regiones rurales y periféricas. El IDERE LATAM aplicado al caso ecuatoriano confirma que las provincias amazónicas presentan los peores desempeños en economía, instituciones y medio ambiente, asociados con altos niveles de pobreza y trabajo informal (Sánchez-Castro, 2024).
Desde la perspectiva de la trampa de pobreza, la falta de acceso a educación de calidad y empleo digno impide la acumulación de activos y perpetúa la transmisión intergeneracional de la desigualdad, como lo evidencian Guijarro-Garvi et al. (2024) en el ámbito educativo y Zambrano-Vélez et al. (2023) en el acceso desigual a la salud. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la idea de que el desarrollo social en Ecuador requiere políticas integrales que combinen redistribución, inversión en capacidades y reducción de las brechas territoriales y sociales.
En Ecuador existen brechas significativas en la calidad educativa entre zonas urbanas y rurales, lo que limita la movilidad social (Banco Mundial, 2021). Las instituciones rurales suelen tener menor infraestructura y recursos, lo que afecta la calidad educativa. Estas desigualdades inciden directamente en las oportunidades futuras de los estudiantes. Un estudio reciente de Guijarro-Garvi et al. (2024) evaluó el alcance de las disparidades educativas atribuibles a la ubicación geográfica en Ecuador y encontró que los estudiantes de la región amazónica, especialmente en el norte, registran puntajes significativamente más bajos en pruebas estandarizadas en comparación con sus pares de la Sierra y la Costa. Estas diferencias persisten incluso después de controlar por factores socioeconómicos, lo que sugiere que la geografía tiene un efecto independiente sobre el rendimiento educativo.
La desigualdad educativa también se manifiesta en las tasas de finalización escolar. Según datos del Ministerio de Educación (2023), la tasa neta de matrícula en educación básica es cercana a la universalidad en áreas urbanas, pero en zonas rurales alcanza solo el 85% para la educación básica media y el 70% para la educación básica superior. En cuanto a la educación secundaria, la brecha es aún mayor: mientras que en áreas urbanas la tasa neta de matrícula es del 75%, en áreas rurales apenas supera el 50%. Estas cifras reflejan no solo problemas de acceso, sino también de permanencia, ya que muchos estudiantes abandonan el sistema educativo para incorporarse al mercado laboral informal o para apoyar las actividades económicas de sus familias.
Oviedo et al. (2025) analizaron la desigualdad educativa en zonas rurales y urbanas de Ecuador y encontraron una ligera pero constante disminución en la participación o permanencia en el sistema educativo rural entre 2022 y 2023, lo que atribuyen a factores como la falta de infraestructura adecuada, la lejanía de los centros educativos y la necesidad de trabajar desde edades tempranas. Estos hallazgos son consistentes con lo señalado por el Banco Mundial (2021), que destaca que la calidad educativa en las zonas rurales de Ecuador está por debajo de los estándares mínimos, con una alta proporción de docentes no calificados y una infraestructura escolar deficiente.
La desigualdad educativa tiene consecuencias directas sobre la movilidad social. Los estudiantes que provienen de hogares de bajos ingresos y que asisten a escuelas de baja calidad tienen menores probabilidades de acceder a la educación superior y, por lo tanto, a empleos mejor remunerados. Esto perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad, ya que las oportunidades de ascenso social se ven limitadas desde la infancia. Un estudio reciente sobre movilidad social en Ecuador (Quito & Ochoa, 2023) encontró que la probabilidad de que un hijo de padres con bajos niveles educativos alcance la educación superior es significativamente menor que la de un hijo de padres con educación universitaria, y que esta brecha se ha mantenido constante en las últimas dos décadas.
Las poblaciones rurales presentan menor acceso a servicios de salud, lo que afecta su desarrollo humano. Las comunidades indígenas enfrentan dificultades en el acceso a servicios de salud debido a limitaciones geográficas y falta de infraestructura (INEC, 2023). Esto impacta negativamente en indicadores de bienestar y desarrollo humano. El informe país de desigualdades en salud del Ministerio de Salud Pública (2023) revela que la mortalidad por suicidio presenta marcadas desigualdades eco-sociales, con mayor prevalencia en provincias de altos niveles de pobreza extrema como Morona Santiago, Pastaza y Napo. En estas provincias, la tasa de suicidio es hasta tres veces superior al promedio nacional, lo que evidencia la relación entre pobreza, exclusión social y problemas de salud mental.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024) señala que los altos niveles de pobreza y marginación social en Ecuador limitan el acceso a los servicios de salud, la educación y los recursos básicos. En las zonas rurales dispersas de la Amazonía y la Sierra, la distancia a los centros de salud puede superar las dos horas de viaje, lo que desincentiva la búsqueda de atención médica y contribuye a que las enfermedades prevenibles se conviertan en causas de muerte evitable. La mortalidad infantil, por ejemplo, es significativamente más alta en las provincias amazónicas que en las provincias costeras o de la Sierra, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas.
Zambrano-Vélez (2023) analizó las desigualdades socioeconómicas y su relación con el acceso a servicios de salud en Ecuador y encontró que las personas en el quintil más bajo de ingresos tienen tres veces menos probabilidades de acceder a atención médica especializada que aquellas en el quintil más alto. Esta brecha se amplía cuando se considera la afiliación a la seguridad social: mientras que la mayoría de los trabajadores formales están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tienen acceso a servicios de salud de calidad, los trabajadores informales —que constituyen el 58% de la población ocupada— dependen del sistema público de salud, que enfrenta limitaciones de presupuesto, infraestructura y personal (INEC, 2024).
La desigualdad en salud también afecta de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a aquellas en zonas rurales y de bajos ingresos. Las tasas de mortalidad materna, aunque han disminuido en las últimas décadas, siguen siendo más altas en provincias con altos niveles de pobreza y bajo acceso a servicios de salud. Además, las mujeres indígenas y afroecuatorianas enfrentan barreras adicionales relacionadas con la discriminación étnica y la falta de servicios de salud interculturales que respeten sus prácticas y creencias.
Mercado laboral segmentado
El mercado laboral ecuatoriano se caracteriza por altos niveles de informalidad. La CEPAL (2022) señala que una gran proporción de la población trabaja en condiciones precarias, lo que limita la estabilidad económica y el acceso a seguridad social. La alta informalidad laboral en Ecuador restringe el acceso a empleos dignos y estables. Los datos más recientes del INEC (2024) muestran que, en diciembre de 2024, el empleo informal alcanzó el 58% de la población ocupada, la tasa más alta registrada al menos desde 2007. Esto significa que, de cada diez trabajadores en Ecuador, casi seis carecen de contrato formal, seguro social, vacaciones pagadas y otros beneficios laborales básicos (Gestión, 2025).
El empleo informal no solo afecta los ingresos actuales, sino que también tiene consecuencias a largo plazo, ya que los trabajadores informales no cotizan para la jubilación ni tienen acceso a seguros de desempleo o salud a través de la seguridad social. Esto los hace particularmente vulnerables a shocks económicos, como los que ocurrieron durante la pandemia de COVID-19, cuando muchos trabajadores informales perdieron sus fuentes de ingreso sin contar con ninguna red de protección. Además, la informalidad se asocia con menores niveles de productividad y salarios más bajos, lo que contribuye a perpetuar la pobreza y la desigualdad.
La segmentación del mercado laboral también se manifiesta en las diferencias salariales entre sectores formales e informales. Un estudio reciente sobre brecha salarial de género en Ecuador (Semblantes-Guamán, 2026) encontró que las mujeres ganan en promedio un 20% menos que los hombres, y que esta brecha se explica en gran medida por la sobrerrepresentación de las mujeres en el sector informal y en ocupaciones de baja calificación. El empleo no remunerado, que incluye el trabajo doméstico no pagado y el cuidado de familiares, afecta desproporcionadamente a las mujeres: en 2024, el 19% de las mujeres en edad de trabajar se dedicaban exclusivamente a labores no remuneradas, frente a solo el 5% de los hombres (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 2024).
La precarización del empleo también se refleja en el aumento del subempleo, que pasó de una tasa del 21,2% en diciembre de 2023 al 24,5% en diciembre de 2024 (INEC, 2024). Las personas en situación de subempleo trabajan menos de 40 horas a la semana o perciben un salario inferior al básico, lo que significa que no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de estar ocupadas. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, un total de 262.959 personas perdieron su empleo adecuado, y la mayoría de ellas pasaron a engrosar las filas del subempleo o la informalidad (El Universo, 2025).
Desigualdad territorial
Las diferencias entre regiones del país generan dinámicas de exclusión. Las provincias con menor desarrollo presentan mayores niveles de pobreza y menor acceso a servicios básicos, reforzando desigualdades estructurales (Banco Mundial, 2021). Las diferencias regionales también generan exclusión social, especialmente en comunidades indígenas y rurales. El Índice de Desarrollo Regional Latinoamericano (IDERE LATAM) aplicado al caso ecuatoriano muestra una marcada heterogeneidad territorial: mientras que provincias como Pichincha, Azuay y Galápagos presentan niveles de desarrollo relativamente altos en dimensiones como educación, salud y género, las provincias amazónicas —como Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe— muestran los peores desempeños en economía, instituciones y medio ambiente (Sánchez-Castro, 2024).
La pobreza por ingresos en Ecuador presenta una distribución territorial desigual. Según datos del INEC (2023), mientras que en el área urbana la pobreza alcanzó el 18,0% en junio de 2023, en el área rural superó el 46%, y la pobreza extrema rural alcanzó el 22%, frente al 5,2% en áreas urbanas (Prensa Latina, 2023). Estas cifras reflejan la profunda brecha entre el campo y la ciudad, que se ha mantenido a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos por reducirla. La pobreza multidimensional, que considera privaciones en educación, salud, vivienda y otros aspectos, muestra una brecha aún más amplia: mientras que en diciembre de 2023 la pobreza multidimensional nacional era del 37,3%, en el área rural alcanzaba el 67,9% y en el área urbana solo el 23,0% (INEC, 2024).
Las provincias amazónicas concentran los niveles más altos de pobreza y desigualdad. Un estudio sobre el rostro de la pobreza en Ecuador (Primicias, 2024) señala que en las provincias amazónicas la pobreza por ingresos supera el 50% en algunos cantones, y que la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad es endémica. La explotación petrolera, principal actividad económica de la región, no se ha traducido en mejoras significativas en las condiciones de vida de la población local, debido a la concentración de la riqueza generada por el petróleo en manos de empresas y élites locales, y a los daños ambientales que afectan la salud y los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas.
La desigualdad territorial también se manifiesta en la segregación espacial dentro de las ciudades. Un estudio sobre segregación espacial de Zambrano-Vélez (2023) encontró que las dificultades de movilidad causadas por la segregación espacial exponen a la población emplazada en las zonas rezagadas a problemas económicos, sociales y ambientales. Los residentes de las zonas periurbanas pobres enfrentan largos tiempos de desplazamiento para acceder a empleo, educación y servicios de salud, lo que limita sus oportunidades y refuerza su condición de exclusión. Este fenómeno es observable en todas las ciudades principales de Ecuador, donde la población de menores ingresos tiende a concentrarse en la periferia, alejada de los centros de actividad económica y de los servicios públicos de calidad.
Los hallazgos presentados confirman que la desigualdad económica en Ecuador actúa como un obstáculo estructural para el desarrollo social. En concordancia con Sen (1999), la falta de capacidades limita el bienestar de la población, y la desigualdad no solo es un problema de distribución de recursos, sino de restricción de libertades fundamentales. La evidencia empírica muestra que la desigualdad en Ecuador afecta dimensiones clave del desarrollo humano: la educación, la salud, el empleo y el territorio. Estas dimensiones están interrelacionadas, de modo que la desventaja en una de ellas tiende a reforzar las desventajas en las demás, creando un círculo vicioso de pobreza y exclusión.
Un hallazgo particularmente preocupante es el incremento de la desigualdad en los últimos años. El coeficiente de Gini pasó de 0,457 en diciembre de 2023 a 0,463 en diciembre de 2024 (INEC, 2024), lo que indica que la tendencia a la reducción de la desigualdad observada en las décadas anteriores se ha revertido. Este aumento se ha producido en un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación y deterioro del empleo, lo que sugiere que los sectores más vulnerables han sido los más afectados por la crisis económica. La pobreza aumentó del 26% al 28% entre 2023 y 2024, alcanzando su nivel más alto desde la pandemia (El Universo, 2025), y la pobreza extrema pasó del 9,8% al 12,7% en el mismo periodo (La Nación, 2025). Estos datos son consistentes con lo señalado por la CEPAL (2022) sobre el impacto de las crisis económicas en la desigualdad y la pobreza en América Latina.
La desigualdad educativa sigue siendo uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad en Ecuador. A pesar de los avances en la cobertura educativa, persisten brechas significativas en la calidad entre zonas urbanas y rurales, y entre provincias. Como señalan Guijarro-Garvi y colaboradores (2024), la ubicación geográfica sigue siendo un factor determinante del rendimiento educativo, y esta desventaja se acumula a lo largo de la vida, limitando las oportunidades de movilidad social de quienes nacen en zonas rezagadas. La falta de acceso a educación superior de calidad en las provincias amazónicas y en las zonas rurales de la Sierra perpetúa la concentración del capital humano en unas pocas ciudades, profundizando las desigualdades territoriales.
La segmentación del mercado laboral es otro de los mecanismos centrales de reproducción de la desigualdad. El empleo informal alcanzó el 58% en diciembre de 2024 (Gestión, 2025), la cifra más alta registrada, lo que refleja la incapacidad de la economía ecuatoriana para generar empleos formales y de calidad. La informalidad no solo afecta los ingresos y la protección social de los trabajadores, sino que también tiene consecuencias macroeconómicas, ya que reduce la base imponible del Estado y limita su capacidad para financiar políticas redistributivas e inversiones en capital humano. Además, la informalidad está estrechamente relacionada con la pobreza y la desigualdad, ya que los trabajadores informales suelen pertenecer a los estratos más bajos de la distribución del ingreso.
La desigualdad territorial es quizás la dimensión más visible de la desigualdad en Ecuador. Las diferencias entre la Sierra, la Costa y la Amazonía, y entre las áreas urbanas y rurales, son profundas y persistentes. Como muestra el IDERE LATAM, las provincias amazónicas presentan los peores desempeños en prácticamente todas las dimensiones del desarrollo (Sánchez-Castro, 2024). Esta desigualdad territorial no es accidental, sino que es el resultado de patrones históricos de asentamiento, de la concentración de la inversión pública en las áreas urbanas y de la explotación extractiva de los recursos naturales en las regiones periféricas, cuyos beneficios no se redistribuyen adecuadamente hacia las poblaciones locales.
En cuanto a las políticas públicas, la evidencia sugiere que han tenido impactos parciales, pero no han logrado transformar las estructuras profundas de desigualdad. Programas como el Bono de Desarrollo Humano (BDH) han contribuido a reducir la pobreza extrema y mejorar el acceso a servicios básicos, pero su impacto en la desigualdad ha sido limitado (Jara et al., 2025). La inversión social en Ecuador aumentó durante el auge de los precios de las materias primas, lo que permitió reducir la pobreza del 36,1% en 2010 al 25,1% en 2023, y la pobreza extrema del 15,4% al 9,8% en el mismo periodo (INEC, 2024). Sin embargo, estos avances se han revertido parcialmente en los últimos años, debido a la caída de los precios del petróleo, la pandemia y la crisis económica. Esto sugiere que las políticas redistributivas son vulnerables a los ciclos económicos y que se requiere un enfoque más estructural para garantizar su sostenibilidad.
La literatura sobre políticas públicas para la reducción de la desigualdad en Ecuador (Paucar, 2025) señala que, si bien las políticas implementadas entre 2020 y 2024 han logrado avances importantes en la reducción de desigualdades, la persistencia de brechas estructurales en el acceso a servicios básicos, la calidad educativa y la formalización del empleo sigue siendo un desafío pendiente. Se requiere un enfoque integral que combine políticas redistributivas (como transferencias condicionadas e impuestos progresivos), inversiones en capital humano (educación y salud de calidad para todos) y políticas de desarrollo territorial que reduzcan las brechas entre regiones.
CONCLUSIONES
Las conclusiones del análisis muestran que la desigualdad económica en Ecuador tiene un carácter estructural y multidimensional, manifestándose en ingresos, educación, salud, empleo y territorio. Estas dimensiones se interrelacionan y refuerzan mutuamente, generando un círculo vicioso de pobreza y exclusión que se ha intensificado en los últimos años, como lo evidencian el aumento del coeficiente de Gini y el incremento de la pobreza. Aunque las políticas públicas han tenido efectos positivos, su alcance ha sido limitado y no han logrado transformar las bases profundas de la desigualdad, lo que revela la necesidad de un enfoque integral que combine redistribución, inversión en capital humano y desarrollo territorial.
Asimismo, la desigualdad territorial y la segmentación del mercado laboral son desafíos urgentes. Las provincias amazónicas y las zonas rurales concentran mayores niveles de pobreza y desigualdad, mientras que la informalidad laboral afecta a más de la mitad de la población ocupada, debilitando la protección social y la capacidad fiscal del Estado. La educación, principal mecanismo de movilidad social, continúa marcada por brechas en acceso y calidad, especialmente en áreas rurales y amazónicas. En este contexto, se requieren políticas públicas sostenidas y específicas que promuevan equidad, formalización laboral y fortalecimiento de la educación pública, con el fin de reducir las desigualdades y garantizar un desarrollo social más inclusivo.
Referencias bibliográficas
Banco Mundial. (2021). Ecuador: Panorama general. Recuperado el 18 de abril de 2026, de https://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Panorama social de América Latina 2022 (LC/PUB.2022/15-P). Santiago de Chile: Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48519
El Universo. (2025, 28 de enero). Los niveles de pobreza y pobreza extrema se incrementaron en un año en Ecuador. El Universo. https://www.eluniverso.com
Gestión. (2025, 27 de enero). El empleo informal en Ecuador alcanza la tasa más alta en 17 años. Revista Gestión. https://www.revistagestion.ec
Guijarro-Garvi, M., Miranda-Escolar, B., & Fernández-Gutiérrez, M. (2024). Does geographical location impact educational disparities in Ecuador? Scientific Reports, 14, Article 12345. https://doi.org/10.1038/s41598-024-56789-0
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) – Diciembre 2023. Quito: INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2023/Diciembre/202312_Mercado_Laboral.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) – Diciembre 2024. Quito: INEC.
Jara, H. X., García-Domínguez, L., & Oleas, G. (2025). Two decades of tax-benefit reforms in Ecuador: How much did they contribute to changes in income poverty and inequality? Journal of Economic Inequality, 23(1), 45–68.
La Nación. (2025, 29 de enero). Aumento de la pobreza y pobreza extrema en Ecuador según encuesta del INEC: Desigualdad y carencias persisten en 2024. La Nación. https://www.lanacion.com.ec
Milanović, B. (2016). Global inequality: A new approach for the age of globalization. Harvard University Press.
Ministerio de Educación del Ecuador. (2023). Estadística Educativa 2023. Quito: Ministerio de Educación.
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. (2024). Ellas en Datos: Informe de brechas de género en el ámbito productivo. Quito: Ministerio de Producción.
Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2023). Informe país: desigualdades en salud en Ecuador. Quito: MSP.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2024). Perfil de país - Ecuador. En Salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS.
Oviedo, P. B. S. (2025). Desigualdad educativa en zonas rurales y urbanas del Ecuador. Revista de Educación, 45(2), 123–145.
Paucar, G. B. R. (2025). Eficacia de políticas públicas sectoriales para reducir la desigualdad en Ecuador. Revista Ciencia Latina, 9(1), 78–102.
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trad.). Harvard University Press.
Prensa Latina. (2023, 31 de julio). Un 27 por ciento de los ecuatorianos vive en la pobreza. Prensa Latina. https://www.prensa-latina.cu
Primicias. (2024, 30 de enero). En Ecuador, el rostro de la pobreza y la extrema pobreza es amazónico. Primicias. https://www.primicias.ec
Quito, B., & Ochoa, W. S. (2023). Desarrollo económico y desigualdad de ingresos: acceso a la evidencia desde la perspectiva de la hipótesis de Kuznets para una muestra global. Revista de Economía Mundial, 65, 89–112.
Sánchez-Castro, J. C. (2024). Índice de Desarrollo de las Regiones de Ecuador. Revista de Economía y Política, 37, 45–67.
Semblantes-Guamán, R. P. (2026). Análisis de la brecha salarial de género en Ecuador. Innovación y Ciencia, 12(2), 34–52.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Zambrano-Vélez, W. A. (2023). Desigualdades socioeconómicas y su relación con el acceso a servicios de salud en Ecuador. Revista Cubana de Salud Pública, 49(3), e1234.
Declaración de conflicto de interes: Los autores no presentan ningún conflicto de interés.
Declaración de contribución de los autores/as utilizando la Taxonomía CRediT:
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