e-issn 2227-6513 santiago, 168, 2026

Artículo de Investigación

Los partidos políticos como promotores del clientelismo en el Ecuador: un abordaje conceptual desde la captura institucional y las alternativas de corresponsabilidad territorial

Political Parties as Promoters of Clientelism in Ecuador: A Conceptual Approach from Institutional Capture and Territorial Co-Responsibility Alternatives

Os partidos políticos como promotores do clientelismo no Equador: uma abordagem conceitual a partir da captura institucional e das alternativas de corresponsabilidade territorial

José Joaquin Quintero Pinargote, https://orcid.org/0000-0003-2622-9375

Francisco Pazmiño Méndez, https://orcid.org/0000-0003-3776-8315

Dayana Daniela Ponce Quiñonez, https://orcid.org/0009-0007-4443-175X

Jerson Ante Valdez Verduga, https://orcid.org/0000-0001-8486-7645

Universidad Técnica Luis Vargas Torres

Autor para correspondencia: jose.quintero.pinargote@utelvt.edu.ec

RESUMEN

El clientelismo político en el Ecuador constituye una estructura social informal que ha penetrado las instituciones estatales, condicionando la representación política y la distribución de recursos públicos. Este artículo, de tipo documental-descriptivo con enfoque conceptual, analiza cómo los partidos políticos no son víctimas del sistema clientelar, sino sus principales promotores y reproductores, generando una captura institucional que favorece a élites locales, operadores territoriales, contratistas y grupos económicos regionales. Los hallazgos muestran que el clientelismo, territorializado en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), fragmenta el territorio y obstaculiza la resolución democrática de problemas comunes. Como alternativa, se plantea una triple reconfiguración: transitar del “hombre-cliente” al “hombre corresponsable”; sustituir redes clientelares verticales por colaborativas horizontales; y pasar de políticas públicas particularizadas a una gobernanza colaborativa. Se concluye que la cooperación horizontal entre gobiernos locales constituye una ingeniería social capaz de desarticular las redes clientelares y fortalecer una democracia más sustantiva y corresponsable.

Palabras clave: Clientelismo político; partidos políticos; captura institucional; corresponsabilidad territorial; gobernanza colaborativa.

Abstract

Political clientelism in Ecuador constitutes an informal social structure that has permeated the formal institutions of the State, conditioning political representation and the distribution of public resources. This documentary-descriptive article with a conceptual approach analyzes how political parties are not victims of the clientelist system but its main promoters and structural reproducers, generating institutional capture that disproportionately benefits local elites, territorial operators, contractors, and regional economic groups. Findings show that clientelism, territorialized in Decentralized Autonomous Governments (GADs), fragments the territory and hinders the democratic resolution of shared problems. As a structural alternative, the article proposes a triple reconfiguration: moving from the “client-man” to the “responsible-man”; replacing vertical clientelist networks with horizontal collaborative networks; and shifting from particularized public policies to collaborative governance. It concludes that horizontal cooperation among local governments is not only an administrative efficiency mechanism but also a social engineering alternative to dismantle clientelist networks and strengthen substantive democracy.

Keywords: Political clientelism; Political parties; Institutional capture; Territorial co-responsibility; Collaborative governance.

Resumo

O clientelismo político no Equador constitui uma estrutura social informal que permeou as instituições formais do Estado, condicionando a representação política e a distribuição de recursos públicos. Este artigo, de caráter documental-descritivo com enfoque conceitual, analisa como os partidos políticos não são vítimas do sistema clientelista, mas sim seus principais promotores e reprodutores estruturais, gerando uma captura institucional que beneficia desproporcionalmente elites locais, operadores territoriais, contratistas e grupos econômicos regionais. Os resultados mostram que o clientelismo, territorializado nos Governos Autônomos Descentralizados (GADs), fragmenta o território e dificulta a resolução democrática dos problemas comuns. Como alternativa estrutural, o artigo propõe uma tripla reconfiguração: passar do “homem-cliente” ao “homem corresponsável”; substituir redes clientelistas verticais por redes colaborativas horizontais; e transitar de políticas públicas particularizadas para uma governança colaborativa. Conclui-se que a cooperação horizontal entre governos locais não é apenas um mecanismo de eficiência administrativa, mas também uma engenharia social capaz de desarticular redes clientelistas e fortalecer uma democracia mais substantiva.

Palavras-chave: Clientelismo político; Partidos políticos; Captura institucional; Corresponsabilidade territorial; Governança colaborativa.

Recibido: 5/4/2025 Aprobado: 25/5/2026

Introducción

El clientelismo político en el Ecuador constituye uno de los fenómenos más persistentes y estructuralmente arraigados de su sistema democrático. Lejos de ser una simple desviación moral o un residuo de prácticas premodernas, esta práctica se ha consolidado como una estructura social informal que atraviesa las instituciones formales del Estado, condicionando la representación política, la distribución de recursos públicos y, en última instancia, la capacidad de resolver democráticamente los problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Conceptualmente, el clientelismo ha sido definido como la manifestación de un "intercambio vertical y asimétrico, que se establece con ánimo de recibir una contraprestación" (Gordón, 2020, p. 136), caracterización que revela su naturaleza relacional y jerárquica, donde el acceso a bienes y servicios depende de la lealtad política y no del reconocimiento universal de derechos.

Aunque la Constitución de la República del Ecuador (2008) introdujo un marco normativo avanzado orientado a la democracia participativa, el control social y la corresponsabilidad ciudadana, la persistencia del clientelismo revela una contradicción estructural: mientras las instituciones formales proclaman la construcción del interés general, las prácticas políticas reales operan bajo la lógica del intercambio particularizado de beneficios por apoyo político. Esta brecha entre lo formal y lo práctico no puede explicarse únicamente por factores culturales o individuales; requiere un análisis que indague en las condiciones estructurales que reproducen y renuevan el clientelismo. Al respecto, Pachano (2001) identificó tempranamente la "matriz estado-céntrica" del Ecuador como el caldo de cultivo estructural del fenómeno, señalando que el control estatal de los recursos, particularmente a partir del boom petrolero, colocó al Estado "en el lugar central del procesamiento y en la definición del conflicto distributivo, en la asignación de recursos y en la orientación de los procesos políticos" (Pachano, 2001, p. 22). En un contexto donde el Estado concentraba la resolución del conflicto distributivo, los partidos políticos enfrentaron una disyuntiva estructural: o construían formas de representación capaces de agregar intereses generales, o se adaptaban a la lógica particularizada que el modelo económico imponía.

En este contexto, los partidos políticos emergen no como víctimas del sistema clientelar, sino como sus principales promotores y reproductores. Contrario a lo que cabría esperar de organizaciones políticas en un sistema democrático, los partidos ecuatorianos, según Pachano (2001), "han preferido adecuarse a esas condiciones, con lo que han resignado la posibilidad de cumplir con varias de sus funciones básicas" (p. 27). Entre estas funciones, la de agregación de intereses resulta particularmente afectada, pues "los partidos actúan en gran parte como cadenas de transmisión de ellos [los intereses particulares]" (Pachano, 2001, p. 25), renunciando a la construcción del interés general que constituye el fundamento de la representación democrática. Esta adaptación estructural implica que el clientelismo no sea una anomalía del sistema partidista ecuatoriano, sino su lógica operativa predominante, tal como lo demuestra la capacidad del fenómeno para mutar y "mimetizarse con la democracia" (Gordón, 2020, p. 140), aprovechando los espacios formales de la participación para consolidar redes informales de intercambio.

La reproducción del clientelismo por parte de los partidos ha derivado en lo que conceptualizamos como captura institucional clientelar: un proceso por el cual las instituciones formales del Estado —y particularmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs)— son ocupadas, vaciadas y reutilizadas por redes clientelares para beneficiar a los actores más cercanos al poder. Pachano (2001) advirtió con agudeza que las instituciones del sistema político, "manteniendo su lugar formal dentro del sistema, han sido previamente vaciadas de su contenido y de sus capacidades" (p. 30), quedando a disposición de redes clientelares que operan con otra lógica y responden a otras motivaciones. Esta captura tiene consecuencias directas sobre lo que, desde la línea de investigación "El hombre, las estructuras sociales y alternativas de solución a los problemas del entorno", podemos denominar problemas del entorno territorial: aquellos desafíos compartidos —gestión de bienes comunes, ordenamiento territorial, gestión de riesgos, provisión de servicios públicos regionales— que requieren respuestas cooperativas y de largo plazo. Como ilustra Quinteros (2023), en el contexto de las elecciones seccionales ecuatorianas, las necesidades estructurales no resueltas son instrumentalizadas por la clase política para tejer pactos donde "dirigentes gremiales o barriales pactan acuerdos para beneficio de unos pocos" (p. 15), desviando los recursos públicos de su fin colectivo hacia lógicas de beneficio particularizado.

Esta dinámica revela la estrecha vinculación entre clientelismo y captura del Estado, pues ambos fenómenos, como señala Torres (2007, citado en Quinteros, 2023), "están estrechamente vinculados a la política y funcionamiento del estado; ambos son formas de aprovechamiento privado de lo público, en razón de la discrecionalidad que ostentan los funcionarios" (p. 18). La persistencia de esta estructura, según Auyero (2004, citado en Gordón, 2020), "se debe a la consolidación y legitimación de dos tipos de práctica" (p. 145): la búsqueda incesante de votos mediante la distribución personalizada de recursos, y la construcción de relaciones duraderas que convierten al clientelismo en un mecanismo estable de intermediación política. Esta doble raíz explica por qué, pese a los avances normativos de la Constitución de 2008, el clientelismo continúa configurando la condición del "hombre" ecuatoriano: de ser un sujeto de derechos, pasa a ser estructuralmente un "hombre-cliente" dependiente, cuya supervivencia política depende de la lealtad a un patrón o mediador (Ortiz, 2017, citado en Gordón, 2020, p. 138).

Frente a este escenario, el presente artículo se propone como un abordaje conceptual que, partiendo de los aportes de Gordón (2020) sobre la evolución del clientelismo en el Ecuador y de Pachano (2001) sobre el papel de los partidos políticos en su reproducción, busca ampliar el debate hacia dos dimensiones poco exploradas: (a) el rol de los partidos como promotores activos de una captura institucional que beneficia desproporcionadamente a los actores cercanos al poder, y (b) la posibilidad de pensar alternativas estructurales basadas en la corresponsabilidad territorial y la cooperación horizontal, que permitan transitar de una lógica de dependencia clientelar a una de ciudadanía corresponsable. La pregunta rectora que guía esta investigación es: ¿De qué manera los partidos políticos en el Ecuador han operado como promotores del clientelismo, facilitando la captura institucional del Estado en beneficio de los actores cercanos al poder, y cómo puede pensarse la corresponsabilidad territorial como alternativa estructural para la resolución democrática de los problemas del entorno?

Metodología

El presente estudio se inscribe en un enfoque documental-descriptivo de carácter conceptual, siguiendo la línea metodológica propuesta por Gordón (2020) para el análisis de fenómenos políticos-sociales complejos, y se articula con los aportes de Pachano (2001) sobre las condiciones estructurales del sistema político ecuatoriano y de Quinteros (2023) sobre la territorialización del clientelismo en las elecciones seccionales. Se trata de una investigación cualitativa que privilegia la reconstrucción teórica, el diálogo crítico entre fuentes y la formulación de categorías conceptuales ampliadas.

El procedimiento metodológico se desarrolló en tres fases interconectadas:

Primera fase: revisión crítica y sistematización documental. Se realizó una revisión selectiva y analítica de la literatura especializada, identificando tres corpus documentales complementarios:

• Corpus 1 (marco conceptual general): Textos fundacionales sobre el concepto de clientelismo y sus transformaciones históricas, incluyendo los aportes clásicos de Scott (1972), Roniger (1984), Máiz (2003), Caciagli (2006), Schedler (2004), Auyero (2004), Stokes (2007) y Vommaro y Combes (2019), así como las conceptualizaciones contemporáneas sobre capital social y clientelismo (Bourdieu, 2000; Coleman, 1990; Rodríguez-Zoya et al., 2018).

• Corpus 2 (contexto ecuatoriano y sistema partidista): Estudios específicos sobre el caso ecuatoriano, con énfasis en el rol de los partidos políticos y la matriz estado-céntrica (Pachano, 2001), así como análisis más recientes sobre democracia, representación y clientelismo en el Ecuador (Basabe-Serrano, 2009; Freidenberg, 2017; Miranda-Delgado, 2019).

• Corpus 3 (territorialización del clientelismo y gobernanza alternativa): Investigaciones sobre el clientelismo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y las elecciones seccionales (Quinteros, 2023), complementadas con aportes teóricos sobre gobernanza colaborativa (Ansell & Gash, 2008), acción colectiva y bienes comunes (Ostrom, 2000), capital social colaborativo (Putnam, 1993) y cooperación horizontal entre gobiernos locales (Falleti, 2010).

Segunda fase: análisis conceptual y hermenéutico. Se procedió a la deconstrucción analítica del concepto de clientelismo, con el propósito de identificar sus componentes estructurales, sus mutaciones contemporáneas y su articulación con las dinámicas partidistas y territoriales en el Ecuador. Esta fase permitió contrastar tres perspectivas complementarias: (i) la perspectiva de Gordón (2020), centrada en las formas, estructuras y tipos del intercambio clientelar, así como en su relación con la Constitución de 2008; (ii) la perspectiva de Pachano (2001), enfocada en las condiciones institucionales y estructurales —particularmente la "matriz estado-céntrica"— que explican por qué los partidos políticos ecuatorianos se adaptaron al clientelismo en lugar de enfrentarlo; y (iii) la perspectiva de Quinteros (2023), orientada a comprender cómo el clientelismo se territorializa en las elecciones seccionales y en la gestión de los GADs, beneficiando a actores cercanos al poder como dirigentes barriales, contratistas y élites locales. Este ejercicio de triangulación teórica permitió identificar una brecha analítica: la necesidad de conceptualizar el vínculo entre la reproducción partidista del clientelismo, la captura institucional que de ella se deriva y las consecuencias sobre la resolución democrática de los problemas del entorno territorial.

Tercera fase: construcción conceptual alternativa. A partir del diagnóstico crítico, se formuló una propuesta conceptual que articula los elementos de la línea de investigación "El hombre, las estructuras sociales y alternativas de solución a los problemas del entorno". Esta fase incluyó: (i) la definición del concepto de captura institucional clientelar, como proceso por el cual las redes clientelares ocupan y vacían las instituciones formales; (ii) la caracterización de los actores cercanos al poder que se benefician desproporcionadamente de esta captura (élites políticas locales, operadores territoriales, contratistas y grupos económicos regionales); y (iii) la formulación de la corresponsabilidad territorial y la cooperación horizontal entre GADs como alternativas estructurales al clientelismo territorializado, apoyándose en los modelos de gobernanza colaborativa (Ansell & Gash, 2008) y de gestión policéntrica de bienes comunes (Ostrom, 2000).

Cabe destacar que, tratándose de un abordaje conceptual, el artículo no pretende realizar un estudio empírico de casos específicos ni una validación estadística de hipótesis, sino ilustrar argumentativamente los conceptos desarrollados mediante ejemplos conceptuales generales derivados del contexto ecuatoriano, los cuales se desprenden de la literatura revisada y del análisis documental realizado. Esta delimitación responde a la naturaleza del objeto de estudio —el clientelismo como estructura social informal—, cuya comprensión requiere, en primera instancia, de un esfuerzo conceptual riguroso que anteceda y oriente futuras investigaciones empíricas.

El rigor del estudio se garantiza mediante tres criterios metodológicos: (i) la triangulación teórica entre las perspectivas de Gordón (2020), Pachano (2001) y Quinteros (2023); (ii) la coherencia argumentativa entre el diagnóstico del problema (captura institucional) y la propuesta alternativa (corresponsabilidad territorial); y (iii) la pertinencia contextual, al anclar las categorías conceptuales en la realidad política ecuatoriana, particularmente en el marco de la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evolución histórica: del patronazgo tradicional al clientelismo postmoderno

El clientelismo no es un fenómeno estático ni un residuo anacrónico de la política premoderna; por el contrario, ha demostrado una notable capacidad de adaptación a los cambios sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia. Como señalan Vommaro y Combes (2019), el clientelismo puede concebirse simultáneamente como una "categoría analítica" y como una "etiqueta moral", lo que obliga a abordarlo atendiendo a sus manifestaciones concretas en distintos contextos temporales y espaciales. Esta dualidad explica por qué el fenómeno ha mutado desde sus formas primigenias hasta las variantes contemporáneas que operan en las democracias actuales.

Históricamente, el clientelismo tiene sus raíces en el patronazgo clásico, una relación legitimada y necesaria donde la autoridad de una élite se sostenía mediante la interacción patrón-clientes, ofreciendo protección y medios de supervivencia a cambio de obediencia y lealtad. Como explica Gordón (2020), "esta relación basada en el patronazgo subsistió con pequeñas variaciones mientras se avenía el modernismo, durante varios siglos se consideró el patronazgo como una organización positiva" (p. 139). Con la modernidad y la industrialización, esta relación se transformó: el patronazgo tradicional, basado en la relación laboral directa entre el empresario y los trabajadores, dio paso a formas más complejas de intermediación política.

Es en este tránsito donde emerge lo que académicamente se ha denominado clientelismo postmoderno, aplicado a la política contemporánea. Gordón (2020) identifica elementos diferenciadores del clientelismo actual, como "la interacción ocasional e imprecisa entre los actores, lo que puede verse mediante la relación de un intercambio de favores por votos" (p. 140). A diferencia del clientelismo clásico, donde la lealtad era duradera y jerárquicamente rígida, el clientelismo postmoderno se caracteriza por una mayor racionalidad instrumental: los ciudadanos, bombardeados por información, comparan ofertas políticas y ajustan sus lealtades según las ventajas que perciben. Caciagli (2006) introduce el concepto de "enlightened clientelism" para referirse a esta modernización, donde "se conjugan las relaciones verticales, pero en correspondencia con la política y la creación de un bienestar a las poblaciones" (p. 140).

Esta evolución tiene una consecuencia paradójica: el clientelismo se ha mimetizado con la democracia. Gordón (2020) advierte que "ha derivado del clientelismo clásico, pero que ha mutado para compaginarse con las libertades aportadas por los sistemas constitucionales, lo que ha estimulado una franca competencia entre los actores políticos por ganarse el favor de los ciudadanos" (p. 140). Lejos de desaparecer con la democratización, el clientelismo se ha adaptado a los sistemas participativos, aprovechando los espacios formales de la deliberación pública para consolidar redes informales de intercambio.

El capital social como fundamento estructural del clientelismo

Para comprender la persistencia del clientelismo en las sociedades contemporáneas, es indispensable atender al concepto de capital social, entendido como la red de conexiones sociales que permite a los individuos acceder a recursos y beneficios mediante relaciones de confianza y reciprocidad. Gordón (2020) precisa que el clientelismo "resulta ser una expresión del llamado capital social, visto este como la red social compuesta por relaciones interpersonales e intergrupales que se desarrollan dentro de la sociedad, basados en valores socioculturales de confianza, reciprocidad, cooperación y solidaridad" (p. 138).

Sin embargo, esta conceptualización del capital social como fundamento del clientelismo revela una paradoja: mientras en las democracias avanzadas el capital social se concentra en el asociacionismo y la sociedad civil, "en sociedades clientelares con una alta fragmentación social se concentra en el patronazgo" (Stokes, 2007, p. 138). Esto significa que, en contextos como el ecuatoriano, las redes sociales no se construyen sobre la base de la confianza horizontal entre ciudadanos, sino sobre la dependencia vertical hacia los detentadores del poder que controlan el acceso a recursos escasos.

Coleman (1990) aporta una perspectiva instrumental al señalar que el capital social, combinado con otros recursos, puede "producir un comportamiento diferente a nivel del sistema o, en otros casos, diferentes resultados para los individuos" (p. 305, citado en Gordón, 2020, p. 138). En el clientelismo, este capital social se instrumentaliza de manera particular: quien posee mayor control sobre los recursos (el patrón) los distribuye selectivamente a quienes tienen menos acceso (los clientes), exigiendo a cambio lealtad y apoyo político. Rodríguez-Zoya et al. (2018) identifican que "un elevado capital social, junto a otros elementos como la reputación o trayectoria en la militancia", son características principales de los mediadores en las redes clientelares, lo que les otorga capacidad de maniobra tanto frente al patrón como frente al cliente (citado en Gordón, 2020, p. 139).

Esta apropiación clientelar del capital social explica por qué el fenómeno se reproduce incluso en contextos democráticos avanzados: las redes clientelares se consolidan como instituciones políticas informales que operan en paralelo a las instituciones formales, aprovechando los flujos de información y los contactos privilegiados para mantener su vigencia.

Estructura y tipologías del clientelismo contemporáneo

El estudio del clientelismo en las sociedades modernas exige partir del establecimiento de su estructura elemental, construida a través de la relación entre patrones y clientes, pero también de sus mutaciones contemporáneas, que han dado lugar a verdaderas redes de relaciones de alcance macro. Para caracterizar esta estructura, Moya y Paillama (2017) proponen cinco elementos constitutivos que permiten abordar las interrogantes sobre quiénes son los actores, qué está sometido a prebenda y cómo se lleva a cabo el intercambio (citado en Gordón, 2020, p. 141):

1. Relación disimétrica entre los actores: marcada por una situación vertical del intercambio, donde una parte tiene acceso a mayores bienes y la otra ofrece su apoyo y lealtad a cambio.

2. Compensación como resultado del intercambio: los actores se benefician recíprocamente, generándose al menos la expectativa de beneficio mutuo, con la posible intervención de intermediarios.

3. Dependencia correlativa de los actores: cada actor hace depender la obtención de beneficios de la otra parte y viceversa.

4. Carácter generalmente informal: los aspectos de la relación no se enmarcan en lo legal, sino en criterios morales basados en la confianza, necesaria dada la no inmediatez de los intercambios.

5. Carácter voluntario: el intercambio no proviene de una relación bajo coacción, pues la confianza ofrecida se basa en una expresión de la voluntad.

Sobre la base de esta estructura elemental, el clientelismo ha generado diversas tipologías según el objeto del intercambio y el alcance de la relación. Gordón (2020) distingue cuatro formas principales (p. 142):

• Clientelismo laboral: la adjudicación o creación de plazas de trabajo en el sector público como contraprestación por apoyo político.

• Clientelismo concesional: la concesión de licencias, obras, proyectos, derechos y subvenciones a cambio de lealtad.

• Clientelismo político o electoral: el manejo mediante relaciones clientelares de la política propiamente dicha, que incluye la compra de votos y el uso selectivo de programas sociales.

• Clientelismo burocrático: donde la misma burocracia cumple como patrón que busca apoyo para desenvolverse, distribuyendo bienes y servicios públicos de forma condicionada.

Es importante destacar que estas tipologías no son mutuamente excluyentes; por el contrario, suelen entrelazarse en la práctica, generando híbridos clientelares que complican su identificación y sanción. Quinteros (2023) ilustra esta complejidad en el contexto ecuatoriano al señalar que "la conquista del voto entre las masas se ha convertido en un negociado de interés y favores, teniendo como consecuencia el arraigo de una cultura clientelar que solo busca el beneficio individual más no el bienestar colectivo" (p. 15). Esta hibridación explica por qué el clientelismo ha demostrado una capacidad de adaptación tan notable: al diversificar sus formas de intercambio, se infiltra en múltiples dimensiones de la vida política y administrativa, desde la asignación de empleos públicos hasta la ejecución de contratos de obra.

La relación entre clientelismo y corrupción: redes superpuestas

Una dimensión ineludible del abordaje conceptual del clientelismo es su relación con la corrupción, dos fenómenos que, aunque conceptualmente distinguibles, operan con frecuencia como redes superpuestas que se alimentan mutuamente. Torres (2007) advierte que "el clientelismo y la corrupción están estrechamente vinculados a la política y funcionamiento del estado; ambos son formas de aprovechamiento privado de lo público, en razón de la discrecionalidad que ostentan los funcionarios, el cual utilizan para influir en la distribución de recursos públicos" (p. 43, citado en Gordón, 2020, p. 147).

La distinción conceptual entre ambos fenómenos es importante para evitar simplificaciones analíticas. Como señala Carbonell (2003), la corrupción consiste en "la violación de una obligación por parte de un decisor con objeto de obtener un beneficio personal extraposicional de la persona que lo soborna o a quien extorsiona" (p. 26, citado en Gordón, 2020, p. 146). Se trata, por tanto, de un concepto normativo ligado al sistema jurídico y a la transgresión de tipos penales establecidos. El clientelismo, en cambio, aunque roza los extremos de la legalidad, no necesariamente implica la comisión de un delito tipificado; opera en la zona gris entre lo legal y lo legítimo, aprovechando la discrecionalidad de los funcionarios para distribuir recursos públicos de manera particularizada.

Quinteros (2023) retoma esta distinción al señalar que, mientras la corrupción da lugar a delitos reconocidos como tales, el clientelismo "establece sus vínculos a través del clientelismo, entran dentro de la categoría de contactos clientelistas ya que, por otro lado, emplea el clientelismo para construir sus relaciones corruptas" (p. 22). En este sentido, la corrupción se sirve del clientelismo para establecer sus conexiones, pero no al contrario: el clientelismo puede degenerar en corrupción, pero la corrupción no necesita del clientelismo para existir.

La relevancia de esta distinción radica en que permite comprender por qué el clientelismo es tan difícil de erradicar: al no ser intrínsecamente ilegal en muchas de sus manifestaciones, se consolida como una práctica tolerada socialmente, incluso cuando sus efectos sobre la democracia y la igualdad ciudadana sean profundamente dañinos. Máiz (2003) advierte que clientelismo y corrupción constituyen "redes superpuestas, esto es, circuitos que si bien son autónomos pueden entrar en contacto y llegar a solaparse en determinadas circunstancias contextuales" (p. 26, citado en Gordón, 2020, p. 147). Esta superposición es particularmente visible en el contexto ecuatoriano, donde las redes clientelares territoriales se entrelazan con prácticas corruptas en la adjudicación de obra pública, la contratación burocrática y la distribución de recursos estatales, generando circuitos de acumulación de poder que benefician a los actores más cercanos a las instancias de decisión.

Los partidos políticos como promotores activos del clientelismo: la erosión de las funciones partidarias

Uno de los hallazgos más reveladores de Pachano (2001) al analizar el sistema político ecuatoriano es que los partidos políticos no pueden ser comprendidos simplemente como víctimas pasivas de un entorno clientelar; por el contrario, han actuado como promotores activos del clientelismo al renunciar deliberadamente a las funciones que, en una democracia representativa madura, les corresponderían cumplir. Esta renuncia no fue un accidente histórico, sino una respuesta adaptativa a las condiciones estructurales de la "matriz estado-céntrica" descrita en la sección anterior.

Pachano (2001) identifica cuatro funciones básicas de los partidos políticos que han sido sistemáticamente erosionadas en el Ecuador: la representación, la agregación de intereses, la elaboración de propuestas políticas y la formación de gobierno. En cada una de ellas, los partidos han demostrado una incapacidad estructural para cumplir con su rol democrático. Respecto a la función de agregación de intereses —que constituye el núcleo de la construcción del interés general—, Pachano (2001) advierte que "los partidos actúan en gran parte como cadenas de transmisión de ellos [los intereses particulares]", lo que impide "la construcción de un interés que se sitúe por encima de los que legítimamente expresa cada grupo o sector" (p. 25).

Esta adaptación de los partidos a la lógica clientelar tiene una consecuencia particularmente grave: la "informalización de la política". Como señala Pachano (2001), al adaptarse a las reglas del juego clientelar, los partidos han renunciado a operar dentro de la formalidad institucional, generando una estructura paralela de representación y procesamiento de demandas. En esta estructura paralela, "el clientelismo impulsa la personalización de la política y debilita las instituciones, a pesar de que utiliza a estas últimas como mecanismos y como espacios para su acción" (Pachano, 2001, p. 29). Esta tensión entre lo formal y lo informal constituye el caldo de cultivo de lo que conceptualizamos como captura institucional clientelar.

La erosión de las funciones partidarias no es un proceso aislado; se retroalimenta con el fenómeno del corporativismo, que Pachano (2001) describe como la representación directa de grupos de interés (cámaras empresariales, sindicatos, gremios profesionales) que "invaden a los partidos para convertirlos en apéndices de sus propias organizaciones" (p. 31). Esta dinámica corporativista agrava la fragmentación del sistema político, pues "los grupos de interés invaden al sistema político, lo que desemboca en prácticas excluyentes y en conductas políticas confrontacionales" (Pachano, 2001, p. 26). En este escenario, los partidos dejan de ser espacios de construcción del interés general para convertirse en arenas donde se enfrentan directamente intereses particulares sin mediar procesos de agregación.

La captura institucional clientelar: el vaciamiento de las instituciones formales

El concepto de captura institucional clientelar que proponemos en este artículo se refiere al proceso mediante el cual las redes clientelares logran ocupar, vaciar y reutilizar las instituciones formales del Estado para fines particulares, manteniendo intacta su apariencia formal pero despojándolas de su contenido democrático. Este proceso ha sido descrito con agudeza por Pachano (2001), quien señala que en el Ecuador se ha producido "lo que acertadamente se ha denominado 'informalización de la política', donde las instituciones propias del sistema político se mantienen en funcionamiento, pero habiendo sido previamente vaciadas de su contenido y de sus capacidades" (p. 30).

La particularidad de esta captura institucional radica en que las instituciones formales no desaparecen; al contrario, mantienen "su lugar formal dentro del sistema y continúan con sus rituales de conformación y de alternancia" (Pachano, 2001, p. 30). Sin embargo, su funcionamiento real ha sido transferido a "redes clientelares que operan con otra lógica, que responden a otras motivaciones y que operan por otros mecanismos" (Pachano, 2001, p. 30). Esta dualidad entre lo formal y lo informal genera una situación perversa: a las instituciones formales "se les exige cuentas por acciones que no está en capacidad de desarrollar y que en la práctica son realizadas fuera de sus límites y de sus parámetros" (Pachano, 2001, p. 30).

Gordón (2020) ilustra esta captura institucional en el contexto ecuatoriano al analizar el proceso de elaboración de la Constitución de 2008. La autora advierte que "con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, se generó una contradicción, pues ésta nació de la dinámica del intercambio de relaciones clientelares, lo que se puso de manifiesto con la coalición legislativa que se conoció como el congreso de los manteles, lo que condujo a la entrega de cargos públicos en atención al apoyo político del proyecto" (Basabe-Serrano, 2009, citado en Gordón, 2020, p. 146). Este episodio revela cómo incluso los procesos constituyentes —que deberían ser espacios de construcción del interés general— pueden ser capturados por lógicas clientelares.

La captura institucional del clientelismo se manifiesta en múltiples dimensiones del Estado ecuatoriano. Gordón (2020) señala que "el clientelismo se ha identificado como un fenómeno persistente que ha presentado una adaptabilidad a los cambios en los esquemas sociales, políticos y económicos" (Rodríguez, 2002, citado en Gordón, 2020, p. 145), lo que le ha permitido infiltrarse en las reformas del Estado y en los mecanismos de participación ciudadana. Esta capacidad de adaptación explica por qué, a pesar de los avances normativos de la Constitución de 2008 en materia de democracia participativa, el clientelismo ha logrado mimetizarse con las nuevas instituciones, aprovechando los espacios formales de la participación para consolidar redes informales de intercambio.

Los cercanos al poder: élites políticas, operadores territoriales y contratistas como beneficiarios

La captura institucional clientelar no beneficia a todos por igual; por el contrario, genera una distribución profundamente asimétrica de los beneficios del Estado, favoreciendo desproporcionadamente a los actores más cercanos a las instancias de decisión. Quinteros (2023) proporciona un análisis detallado de cómo esta dinámica se territorializa en los procesos electorales seccionales ecuatorianos, identificando tres tipos de actores que se benefician sistemáticamente del clientelismo.

El primer grupo de beneficiarios lo conforman las élites políticas locales (alcaldes, prefectos, concejales), quienes utilizan los recursos del Estado para consolidar sus feudos electorales y asegurar su reelección. Quinteros (2023) advierte que "la clase política sin duda alguna agradece siempre a la expansión de las necesidades entre las multitudes (Pobreza), es que unas de las problemáticas que se da en Ecuador es la invasión de tierras por grupos de personas que en buscan de un lugar fijo para poder habitar" (p. 15). Estas necesidades estructurales no resueltas se convierten en la materia prima del intercambio clientelar, donde los políticos locales ofrecen soluciones particulares a cambio de lealtad electoral.

El segundo grupo lo constituyen los operadores y mediadores territoriales (dirigentes barriales, líderes comunales, punteros políticos), quienes actúan como intermediarios entre el poder político y la ciudadanía. Quinteros (2023) ilustra esta dinámica al señalar que "los políticos conservadores, dirigentes gremiales o barriales pactan acuerdos para beneficio de unos pocos, pocos que en el caso de líderes barriales de estas comunas invasoras de terrenos baldío, sacan privilegios para los lotes de su propiedad" (p. 15). Estos mediadores obtienen prebendas (lotes de tierra, regularización de situaciones, acceso a programas sociales) a cambio de movilizar "votos cautivos" y entregar al político local el apoyo electoral que necesita.

El tercer grupo beneficiario lo conforman los grupos económicos y contratistas privados, quienes acceden a la obra pública y a los contratos estatales como pago por financiar campañas o movilizar estructuras políticas. Quinteros (2023) advierte que "los tentáculos del clientelismo no solamente llegan a pactos o acuerdos entre políticos y dirigentes ciudadanos, también hay acuerdos entre políticos o empresarios privados, donde concuerdan contratos públicos, mismos que se ven como el resultado de una inversión empresarial" (p. 16). Esta dinámica convierte a la obra pública en una mercancía de intercambio, donde los contratos se adjudican no por criterios de eficiencia o calidad, sino por lealtad política.

Esta distribución particularizada de los beneficios del Estado tiene una consecuencia directa sobre la línea de investigación "El hombre, las estructuras sociales y alternativas de solución a los problemas del entorno": transforma al ciudadano en un cliente cuyo acceso a derechos fundamentales depende de su lealtad a un patrón político. Como señala Quinteros (2023), "la conquista del voto entre las masas se ha convertido en un negociado de interés y favores, teniendo como consecuencia el arraigo de una cultura clientelar que solo busca el beneficio individual más no el bienestar colectivo que es el causante de la dignificación de la vida" (p. 15).

Consecuencias territoriales: fragmentación del espacio y parálisis de los problemas del entorno

La captura institucional clientelar tiene consecuencias devastadoras sobre la gobernanza territorial y la capacidad del Estado para resolver los problemas del entorno compartidos. Estos problemas —gestión integral de cuencas hídricas, ordenamiento territorial, gestión de riesgos climáticos, movilidad regional, gestión de residuos sólidos— requieren, por su naturaleza, cooperación interjurisdiccional, planificación a largo plazo y una visión de bien común que trascienda los ciclos electorales. Sin embargo, la lógica clientelar es intrínsecamente cortoplacista, competitiva y excluyente, lo que la hace estructuralmente incompatible con la resolución de estos desafíos.

Quinteros (2023) ilustra esta parálisis al señalar que el clientelismo "ha generado que las estructuras gubernamentales no se consoliden con una buena administración, ya que se deben a muchos acuerdos que deben ser cumplidos y el no cumplimento de los mismos suelen generar mucha inestabilidad política en el país" (p. 15). Esta inestabilidad no es solo política; es también territorial, pues cada gobierno local compite por recursos en lugar de cooperar para resolver desafíos comunes. El resultado es una gobernanza fragmentada donde los problemas del entorno que desbordan las fronteras administrativas (como una cuenca hidrográfica que cruza varios cantones) quedan irresueltos.

Pachano (2001) advierte que esta fragmentación es una consecuencia directa de la captura institucional, pues "el clientelismo es usualmente una relación entre las instancias políticas y un grupo social en particular", lo que "introduce distorsiones en la representación, presenta obstáculos para la agregación de intereses así como para la elaboración de propuestas integradoras del conjunto de la sociedad y reduce el horizonte de acción de cualquier gobierno que se asiente sobre este tipo de prácticas" (p. 30). En el contexto ecuatoriano, esta fragmentación se agrava por la ausencia de partidos nacionales, pues "los partidos ecuatorianos prácticamente no han logrado transformarse en expresiones políticas de alcance nacional, ya que su votación se concentra generalmente en una provincia, en un número reducido de éstas o, en el mejor de los casos, en una región específica" (Pachano, 2001, p. 32).

Esta territorialización del clientelismo tiene una consecuencia particularmente grave para la línea de investigación que orienta este trabajo: impide la construcción de alternativas de solución a los problemas del entorno que sean compartidas y corresponsables. Mientras los recursos públicos se distribuyan según lógicas clientelares —beneficiando a élites locales, operadores territoriales y contratistas—, los problemas del entorno seguirán siendo irresueltos, pues la lógica del intercambio particularizado es incompatible con la lógica del bien común territorial. Como advierte Quinteros (2023), el clientelismo "solo busca el beneficio individual más no el bienestar colectivo" (p. 15), y es precisamente este bienestar colectivo el que requiere la resolución de los problemas del entorno compartido.

De la dependencia clientelar a la corresponsabilidad: alternativas estructurales desde la línea de investigación

El recorrido conceptual desarrollado en los apartados precedentes permite identificar que el clientelismo, promovido y reproducido por los partidos políticos en el Ecuador, ha configurado una estructura social informal que captura las instituciones formales del Estado y fragmenta el territorio en función de intereses particularizados. Frente a este diagnóstico, resulta imperativo articular una propuesta alternativa que, en diálogo con la línea de investigación "El hombre, las estructuras sociales y alternativas de solución a los problemas del entorno", permita pensar la reconfiguración simultánea del sujeto político, de las estructuras que median su relación con el Estado y de los mecanismos de resolución de los desafíos territoriales compartidos.

El hombre: del cliente al ciudadano corresponsable

La primera dimensión de la alternativa propuesta se refiere a la condición del sujeto político. En el esquema clientelar descrito por Pachano (2001) y Gordón (2020), el ciudadano ecuatoriano ha sido estructuralmente configurado como "hombre-cliente": un sujeto dependiente, cuyo acceso a bienes, servicios y reconocimiento político se obtiene mediante la lealtad a un patrón o mediador. Ortiz (2017, citado en Gordón, 2020) precisa esta condición al definir el clientelismo como la distribución de bienes "guiada por las consideraciones personales del mediador y las particularidades de los beneficiarios" (p. 138), lo que revela que el sujeto-cliente es construido en su particularidad, nunca como ciudadano universal portador de derechos.

La Constitución de 2008, en cambio, concibe al ciudadano bajo un paradigma radicalmente distinto. Como señala Quinteros (2023), el artículo 6 de la Constitución establece que "todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos señalados en la Constitución", configurando la ciudadanía como "un vínculo político y jurídico entre el individuo y el Estado" (p. 11) que habilita el ejercicio de derechos de participación. Esta concepción constitucional del ciudadano es incompatible con la lógica clientelar: mientras el clientelismo particulariza al sujeto según su lealtad, la ciudadanía constitucional lo universaliza según sus derechos.

La alternativa, por tanto, requiere transitar hacia la figura del "hombre corresponsable": un sujeto que, reconociéndose como portador de derechos y no de favores, asume la responsabilidad compartida sobre los problemas del entorno territorial. Esta transición no es meramente normativa, sino estructural: implica que el ciudadano deje de ser un receptor pasivo de beneficios particularizados para convertirse en un agente activo de la gobernanza territorial. Moncada (2012) describe esta condición al referirse a la participación ciudadana en Ecuador como "el producto de un proceso en construcción permanente basado en un proceso de Ecuador, resultado de la organización y movilización de individuos, pueblos y variadas agrupaciones sociales, en busca de mejoras socioeconómicas en procura de mejorar sus condiciones de vida y tener mayor incidencia en la vida política y social del país" (p. 10).

Esta condición corresponsable implica superar la lógica del "suplicante" que acude al político a solicitar favores, y asumir la condición de deliberante que, junto a otros actores, co-construye las soluciones a los problemas del entorno. El hombre corresponsable no negocia su supervivencia mediante la lealtad; ejerce sus derechos mediante la deliberación, el control social y la cooperación territorial.

Las estructuras sociales: de redes clientelares verticales a redes colaborativas horizontales

La segunda dimensión de la alternativa se refiere a las estructuras sociales que median la relación entre el Estado y la sociedad. El clientelismo ha consolidado redes verticales, jerárquicas y excluyentes, donde el flujo de recursos y la toma de decisiones responden a lógicas de lealtad y reciprocidad asimétrica. Como advierte Pachano (2001), estas redes han "vaciado" las instituciones formales de su contenido democrático, convirtiéndolas en instrumentos al servicio de "redes clientelares que operan con otra lógica, que responden a otras motivaciones y que operan por otros mecanismos" (p. 30).

La alternativa estructural pasa por la construcción de redes de cooperación horizontal, donde los actores —gobiernos locales, organizaciones sociales, sector privado, ciudadanía— se relacionen en condiciones de simetría, reciprocidad y confianza mutua. Este tipo de redes, que Putnam (1993) conceptualiza como capital social colaborativo, generan externalidades positivas para la gobernanza: reducen los costos de transacción política, fortalecen la rendición de cuentas y, sobre todo, permiten abordar problemas que desbordan las fronteras administrativas de un solo gobierno local. A diferencia del capital social clientelar —que Stokes (2007) identifica como concentrado en el patronazgo en sociedades fragmentadas—, el capital social colaborativo se construye sobre el asociacionismo horizontal, la confianza generalizada y la reciprocidad no particularizada.

En el contexto ecuatoriano, esta alternativa estructural cuenta con un andamiaje institucional avanzado que, pese a sus limitaciones de implementación, ofrece una base normativa para la cooperación horizontal. Quinteros (2023) destaca que la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana disponen una serie de mecanismos que, cuando se aplican de manera genuina, permiten trascender la lógica clientelar: los Consejos Ciudadanos Sectoriales, los Presupuestos Participativos, las Audiencias Públicas, las Asambleas Ciudadanas, la Silla Vacía y los Cabildos Populares (pp. 12-13). Estos mecanismos, cuando operan bajo su lógica deliberativa y no capturados por redes clientelares, constituyen espacios de construcción de estructuras sociales horizontales.

La cooperación horizontal entre Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) —a través de mancomunidades, consorcios, redes intermunicipales o acuerdos de cuenca previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2010)— no es solo un mecanismo de eficiencia administrativa; es una ingeniería social alternativa al clientelismo. Al institucionalizar la cooperación, se despersonaliza el poder, se transparentan los recursos y se obliga a los gobiernos locales a rendir cuentas ante pares y ciudadanos, "secando" los canales por donde fluye el intercambio clientelar. Falleti (2010) demuestra en su análisis comparado que la descentralización, cuando se acompaña de mecanismos de cooperación intergubernamental, puede generar dinámicas virtuosas de gobernanza que contrarrestan las lógicas clientelares de la política subnacional latinoamericana.

Las alternativas de solución: la gobernanza colaborativa frente a los problemas del entorno

La tercera dimensión de la alternativa se refiere a la capacidad de resolver los problemas del entorno territorial. Los desafíos que enfrenta el Ecuador contemporáneo —gestión integral de cuencas hídricas, ordenamiento territorial, gestión de riesgos climáticos, movilidad regional, gestión de residuos sólidos— son, por su naturaleza, problemas compartidos que no respetan fronteras administrativas ni mandatos electorales de corto plazo.

El clientelismo, por su lógica cortoplacista, particularizada y competitiva, es estructuralmente incapaz de abordar estos problemas. Como advierte Quinteros (2023), "la conquista del voto entre las masas se ha convertido en un negociado de interés y favores, teniendo como consecuencia el arraigo de una cultura clientelar que solo busca el beneficio individual más no el bienestar colectivo que es el causante de la dignificación de la vida" (p. 15). Esta cultura clientelar tiene consecuencias directas sobre la capacidad de gestión pública, pues "ha generado que las estructuras gubernamentales no se consoliden con una buena administración, ya que se deben a muchos acuerdos que deben ser cumplidos y el no cumplimiento de los mismos suelen generar mucha inestabilidad política en el país" (Quinteros, 2023, p. 15).

La alternativa es la gobernanza colaborativa (Ansell & Gash, 2008), donde los problemas del entorno se conviertan en el "objeto" que une a los actores territoriales, no en el "recurso" que los divide. Este enfoque, que encuentra su fundamento teórico en los trabajos de Ostrom (2000) sobre la gestión policéntrica de bienes comunes, parte del reconocimiento de que las comunidades pueden auto-organizarse para gestionar recursos compartidos cuando existen reglas claras, mecanismos de monitoreo y sanciones graduales. Aplicada a la gobernanza territorial ecuatoriana, esta lógica ofrece una vía para superar el clientelismo sin caer en la ingenuidad de creer que basta con reformas normativas.

La gobernanza colaborativa, articulada con los mecanismos de participación ciudadana que la Constitución de 2008 reconoce como derechos, permite:

1. Planificación a largo plazo: al trascender los ciclos electorales, se pueden diseñar políticas públicas sostenibles que aborden problemas del entorno que requieren décadas de continuidad.

2. Corresponsabilidad territorial: los actores comparten los costos y beneficios de las decisiones, evitando la lógica clientelar del "free-riding" y del beneficio particularizado.

3. Resolución integral de problemas: al abordar los desafíos en su escala territorial real (cuencas, regiones, corredores), se evitan las soluciones parche del clientelismo.

4. Control social efectivo: como señala Quinteros (2023), el control social se entiende como "la posibilidad de ejercer un derecho ciudadano, con la utilización de mecanismos generados por la propia ciudadanía o aquellos que han sido provistos por la Constitución y la ley, orientando los esfuerzos para vigilar el curso de cualquier asunto público en general" (p. 14).

Es particularmente revelador que la Constitución de 2008 haya creado un cuarto poder estatal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana. Como analiza Quinteros (2023), esta innovación constitucional refleja "la importancia que dio el constituyente al control social, con la finalidad de evitar la corrupción, a través de la vigilancia y el control ciudadano" (p. 14). Sin embargo, esta institución ha sido ella misma objeto de captura clientelar, lo que confirma que las reformas institucionales, por sí solas, son insuficientes si no van acompañadas de una reconfiguración de las estructuras sociales subyacentes.

Hacia una reconfiguración estructural: el aporte conceptual a la línea de investigación

La propuesta conceptual aquí desarrollada no pretende ofrecer una "receta" para eliminar el clientelismo —fenómeno profundamente arraigado en la historia política ecuatoriana—, sino plantear una reconfiguración estructural que articule las tres dimensiones de la línea de investigación "El hombre, las estructuras sociales y alternativas de solución a los problemas del entorno":

• El hombre deja de ser cliente para ser corresponsable. Esta transición implica reconocer al ciudadano no como un receptor pasivo de favores, sino como un agente activo que, en el ejercicio de sus derechos de participación (presupuestos participativos, audiencias públicas, asambleas ciudadanas), co-construye las decisiones públicas.

• Las estructuras sociales dejan de ser redes clientelares verticales para ser redes colaborativas horizontales. Esta transición implica construir capital social colaborativo (Putnam, 1993) mediante la cooperación entre GADs, el asociacionismo ciudadano y los mecanismos de deliberación pública que la Constitución de 2008 reconoce como derechos.

• Las alternativas de solución a los problemas del entorno dejan de ser favores particularizados para ser políticas públicas sostenibles y compartidas. Esta transición implica adoptar modelos de gobernanza colaborativa (Ansell & Gash, 2008) y de gestión policéntrica de bienes comunes (Ostrom, 2000) que permitan abordar los desafíos territoriales en su escala real.

Esta reconfiguración estructural encuentra un obstáculo importante en la capacidad de adaptación del clientelismo. Como advierte Gordón (2020), "toda esta inclusión y posibilidades de participación en la toma de decisiones, no ha sido suficiente para desterrar el fantasma del clientelismo, ya que este ha adoptado diferentes formas, que pueden materializarse hasta en los líderes comunales, creando redes mucho más amplias y complicadas" (p. 149). Esta observación es particularmente relevante: el clientelismo ha demostrado una notable capacidad de mimetización incluso con los mecanismos de participación ciudadana, cooptando líderes comunales y transformando espacios de deliberación en arenas de intercambio clientelar.

Frente a esta capacidad adaptativa, la alternativa no puede limitarse a reformas normativas; debe incluir una transformación cultural que impulse una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y dispuesta a exigir no favores sino políticas públicas. Como concluye Quinteros (2023), "es vital que exista una sociedad civil articulada, llena de valores, principios y sobre todo civismo, para que así nuestros representantes en el poder actúen en beneficio de la colectividad y bienestar del pueblo y no solamente para el aprovechamiento en particular de los poderes que otorga el estado" (p. 22).

En este tránsito, la cooperación horizontal entre gobiernos locales emerge no como un mecanismo técnico, sino como una estructura social emancipadora que permite al Ecuador avanzar hacia una democracia más sustantiva, más territorial y más corresponsable. Al despersonalizar el poder, transparentar los recursos y obligar a la rendición de cuentas entre pares, la cooperación horizontal "seca" los canales por donde fluye el intercambio clientelar, abriendo espacio para una nueva configuración donde el hombre, las estructuras sociales y las alternativas de solución a los problemas del entorno se articulen bajo la lógica de la corresponsabilidad y no de la dependencia.

CONCLUSIONES

En conclusión, el análisis evidencia que los partidos políticos en el Ecuador han operado como actores centrales en la reproducción del clientelismo, no como víctimas pasivas de un sistema heredado. Su papel activo en la captura institucional ha permitido que los beneficios se concentren en élites locales, operadores territoriales y grupos económicos cercanos al poder, debilitando la representación democrática y fragmentando el territorio. Esta dinámica ha generado una institucionalidad permeada por intereses particulares, donde la lógica clientelar se impone sobre la búsqueda de soluciones colectivas y transparentes.

Frente a este escenario, la investigación plantea que la corresponsabilidad territorial y la cooperación horizontal entre gobiernos locales constituyen alternativas estructurales viables. Estas propuestas buscan superar la dependencia clientelar y avanzar hacia una ciudadanía corresponsable, capaz de construir redes colaborativas horizontales y una gobernanza inclusiva. De este modo, se abre la posibilidad de desarticular las prácticas clientelares y fortalecer una democracia más sustantiva, participativa y orientada a la resolución de problemas comunes.

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Declaración de conflicto de interes: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

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